El Senado ha instado por unanimidad a la Junta de Extremadura a cumplir la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y a corregir las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización relativo a los ejercicios de 2004 y 2005. Las 7 presuntas irregularidades se refieren al acondicionamiento de la carretera EX-325 por Villar del Rey, la construcción de ocho unidades del instituto de Hoyos, la rehabilitación de la antigua Casa Grande en Cáceres, la extensión de la banda ancha a núcleos de población sin cobertura ADSL, el suministro de vacunas y tiras reactivas, la gestión externa de residuos peligrosos, y el servicio de transporte escolar.

La Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, reunida ayer en el Senado, acordó que la Junta "pondere de forma adecuada la valoración del precio de las ofertas". Además, le recomienda que complete la normalización contable de la provisión por insolvencias.

El texto acordado por los partidos también insta al Ejecutivo regional a que contabilice por separado las cuentas de sus diferentes organismos para conseguir "la necesaria claridad" en todas ellas y le pide que lleve a afecto la exigencia del Tribunal de completar el inventario de los bienes y derechos de la comunidad con "una valoración completa y actualizada de los mismos para que las cuentas de balance y de resultado sean reales y no ficticias".

IRREGULARIDADES En cuanto a las siete presuntas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en esos dos años y que están siendo analizadas por la Sección de Enjuiciamiento de ese organismo, la primera de ellas se refiere al transporte escolar. El Gobierno de Rodríguez Ibarra planteó esa adjudicación dividiéndola en 42 subcontratos, por un montante total de casi cuatro millones de euros. Para el organismo fiscalizador, los contratos pudieron haberse tramitado de forma indebida, ya que se formalizaron como contratos administrativos especiales.

Al hacerse este tipo de trámites, el TC sostiene en su informe que no se exigieron las preceptivas clasificaciones a los contratistas, y se admitieron garantías inferiores a las que hubieran sido procedentes. Asimismo, el informe del Tribunal señala que las adjudicaciones fueron realizadas mediante procedimientos negociados, sin publicidad ni concurrencia de ofertas.

Otra de las presuntas anomalías que ahora se fiscaliza desde Madrid se refiere al contrato de obras de acondicionamiento de la EX-325 por Villar del Rey, que tiene irregularidades en la certificación final de las obras, ya que el importe excede del 10% del precio inicial establecido.

En la construcción de ocho unidades en el instituto de Hoyos, al parecer no conllevó penalidades de demora al contratista por incumplimiento de dicho contrato, además de no aportarse la liquidación de ejecución de la obra.

En la rehabilitación de la Casa Grande de Cáceres se demoraron las obras 11 meses, cuando se adjudicó por el procedimiento de urgencia al licitador, que ofertó una reducción del plazo previsto en el proyecto. Tampoco tiene constancia el Tribunal del acta de recepción de la obra.

Finalmente, el TC asegura que no se ha acreditado la ejecución de las dos últimas fases del contrato para la extensión de banda ancha a localidades sin cobertura ADSL, que afectan al 80% de los núcleos de población fijados; se facturaron 395.000 euros más de los previstos sin estar justificados en el contrato para la gestión externa de residuos peligrosos en los centros sanitarios; y faltan facturas por 694.390 euros en el suministro de tiras reactivas.

REACCIONES La diputada popular Cristiana Teniente anunció que han puesto en conocimiento de sus servicios jurídicos los siete expedientes por considerarlos "irregularidades graves" y "un escándalo para cualquier administración".

Este periódico pidió ayer a la Junta detalles de las siete presuntas irregularidades detectadas por el TC, petición a la que no respondió. En su lugar emitió una nota en la que reitera lo dicho el 24 de noviembre: "que los reparos son mayoritariamente formales y en ningún caso afectan a los principios de concurrencia, objetividad, publicidad y transparencia".