La supresión de la paga extra a los más de 90.000 empleados públicos de la región llega a los tribunales. Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, en nombre de todas las organizaciones con representación en el sector público extremeño, informaron ayer que tras agotar sin éxito la negociación por la vía administrativa iniciarán a partir de hoy las acciones judiciales oportunas para que los funcionarios y el personal laboral de las diferentes Administraciones públicas puedan recuperar la paga extraordinaria de diciembre, unos 80 millones de euros en total, o al menos las cantidades correspondientes a las cotizaciones de los 44 días devengados desde 1 de junio de 2012 hasta la fecha en la que se publicó el decreto que la suprimía, cifras que oscilan entre los 156 y los 63 euros y que el Gobierno central ya confirmó que devolvería en abril.

Según explicó el secretario de Acción Sindical de UGT, José Ignacio Luis, en el caso de los funcionarios serán los propios representantes de las organizaciones sindicales los que acudan al Tribunal Contencioso-Administrativo en Cáceres, Mérida y Badajoz para solicitar que el juez declare inconstitucional la supresión de la paga extra de diciembre decretada por el Gobierno central ya que la ley no permite establecer una única demanda colectiva. El procedimiento conjunto sí se seguirá sin embargo en el caso del personal laboral ante la Sala de lo Social, porque en este caso se entiende que la supresión afecta a todo un grupo de trabajadores acogidos al mismo convenio. "Haremos nosotros las reclamaciones para evitar que el coste de las tasas judiciales recaiga en la ya depurada economía de los trabajadores, y después pediremos la extensión de la sentencia al resto de funcionarios", explicó.

Las tres organizaciones señalaron ayer que la decisión de iniciar el trámite judicial llega después de haber agotado sin éxito los plazos de negociación por vía administrativa, tiempo en el que los representantes de los trabajadores han conseguido entenderse con algunos ayuntamientos "de distinto signo político" contra los que ahora no se tomarán medidas judiciales.

Es el caso de los consistorios de Don Benito, Villanueva de La Serena o Villafranca de Los Barros, que sí han aceptado devolver a sus empleados la cantidad correspondiente a los 44 días devengados desde el 1 de junio hasta la publicación del decreto estatal. "Pero la mayoría no lo han hecho y ni siquiera nos han contestado", afirmó la portavoz de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, Marisol Salazar, que remarcó que "es absurdo e irresponsable" que las organizaciones sindicales extremeñas tengan que verse obligadas a recurrir judicialmente para que se declare la inconstitucionalidad de la supresión de la extra cuando ya hay algunas sentencias que reconocen el derecho de los empleados públicos e incluso el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se ha pronunciado sobre la ilegalidad de la aplicación de la medida con carácter retroactivo.

ADELANTO EN ENERO Cabe recordar que los funcionarios y el personal laboral del Gobierno regional recibieron por adelantado a primeros del pasado mes de enero la paga de junio de este año para mitigar el impacto en el consumo en fechas tan señaladas, y aunque aplauden la decisión de la Junta, los sindicatos recordaron ayer que los trabajadores perdieron igualmente la paga de diciembre y las cotizaciones correspondientes hasta la publicación del decreto. Por ello el presidente de CSIF, Benito Román, ha instado al presidente regional, José Antonio Monago, a abrir un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores para evitar un colapso en los juzgados y ser "pionero" en la restitución del derecho. "Tras admitir a trámite el Tribunal Constitucional el recurso interpuesto por Navarra estamos seguros de la inconstitucionalidad de la medida", ha apuntado Román. "Igual que ha tenido la valentía de oponerse al déficit a la carta, que reconozca que la medida es injusta y que restituya la paga y las cantidades que fueron sustraídas", replicó el secretario de Acción Sindical de UGT, José Ignacio Luis.