Los sindicatos CCOO y UGT denuncia hoy que la reforma laboral está perjudicando considerablemente el ámbito de la negociación colectiva y alerta que, a partir del 7 de julio, el 63% de los convenios colectivos pierden su vigencia si no hay acuerdo entre las partes.

Durante la presentación del informa Avance del Informe de la Negociación Colectiva en Extremadura. Año 2012, Alberto Franco, vocal del Consejo regional de Relaciones Laborales y secretario de acción sindical de CCOO, destaca que la negociación se halla "en una situación de menos fluidez, más conflictividad y más rechazo por parte de la patronal".

Franco advierte de que el 7 de julio entra en vigor la limitación de la ultraactividad (prórroga automática de un convenio colectivo cuando expira), lo que supone que se pierda el convenio si transcurridos 18 meses no se firma un acuerdo nuevo.

En 2012, había vigentes 35 convenios de sector en Extremadura que afectaban a 182.745 trabajadores, 81 trabajadores menos que en 2011. De los convenios de sector, 17 correspondían a la provincia de Badajoz, 15 en la de Cáceres y 3 de ámbito autonómico, sin variación respecto a otros años.

Por su parte, los convenios de empresa ascendían a 107, frente a los 104 del año anterior, que regulaban las condiciones laborales de un total de 8.547 trabajadores, nueve menos que el año anterior.

A este respecto, el secretario de acción sindical de CCOO aboga porque "desaparezcan algunos convenios provinciales para ir a regionales" y evitar así que se dé la situación de que "un panadero que trabaje en Don Benito tenga diferente salario y distintos derechos sociales que un panadero que ejerce en Miajadas".

También se da la circunstancia, añade, de que puede haber empresas de un sector que tengan un convenio colectivo, cuyos empleados ganen un salario de en torno a unos 1.000 euros, y que otra empresa de ese mismo sector no lo tenga y sus trabajadores ganen poco más del salario mínimo interprofesional, unos 645 euros.

Franco denuncia que se están firmando convenios colectivos por debajo del IPC, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores extremeños, y ha asegurado que cuestiones como igualdad de género o salud laboral "no se incluyen" o las empresas "no quieren ni oír hablar de ello".

Por su parte, el presidente del Consejo de Relaciones Laborales y secretario general de la Federación Empresarial Cacereña (FEC), Pedro Rosa, reconoce que existe "cierta incertidumbre" debido a los últimos cambios legislativos que introducen "profundos cambios" en la estructura de la negociación colectiva pero ha rechazado que no exista voluntad empresarial de negociar ni "desregulación".

Asimismo, recuerda que existe un principio constitucional, el de "independencia" de las mesas de negociación y precisa que cada sector tiene su "problemática y particularidades", de modo que, por ejemplo, en el del transporte, "no resultan igual de rentables" las líneas de la provincia de Cáceres que las de Badajoz.

En cuanto a la vinculación del salario al IPC, asegura que los salarios "no pueden volverse a referenciar en base al IPC porque éste ya no depende de la rentabilidad o incremento de ingresos de la empresa sino a otras variables o decisiones políticas", como la subida del IVA.

Otro de los pilares de la negociación colectiva es el capítulo retributivo, con un incremento salarial medio (ISM) en Extremadura del 1,29% en 2012 cuando la inflación fue del 2,9%, frente al 1,84% de ISM de 2011 que tuvo una subida del IPC del 2,4%.

Desde UGT, su secretaria de Acción Sindical, Rosario Riñones, asevera que la reforma laboral que, dice, se constituye en "un instrumento al servicio de la empresa", "no sirve ni ha servido para nada" y que desde su sindicato se trabajará por revertir los aspectos negativos de la misma, así como por "retomar los procesos de negociación bloqueados o sin abrir".