La soldado Dolores Quiñoa relató ayer al titular del juzgado número 1 de Plasencia por espacio de una hora los hechos por los que acusa de los delitos de violación, coacciones y amenazas al teniente de Infantería de Marina Iván Moriano Moreno, quien también se personó en la primera citación judicial de un caso de enorme repercusión nacional aunque se negó a prestar declaración.

La mujer entró cabizbaja por la puerta principal de los juzgados acompañada por su padre y su abogado, José María Garzón, mientras el acusado entró y salió oculto bajo un pasamontañas y una capucha por una puerta lateral escoltado por agentes de la Guardia Civil.

PRUEBAS SORPRENDENTES

El furgón le traía de la prisión militar de Alcalá de Henares donde ingresó el pasado 28 de noviembre por la denuncia de otra militar que le acusó de haberle forzado a quitarse el bañador en unas dependencias del Ejército en Madrid. Este antecedente, otros varios que el abogado que representa a la soldado dice estar recopilando y pruebas periciales que advirtió que van a sorprender a la opinión pública llevó ayer a Dolores Quiñoa a declarar públicamente ante los periodistas: "Esto no lo hago sólo por mí, sino también para que no le vuelva a pasar a nadie y que las demás personas, hombres o mujeres, que hayan pasado por una situación de este tipo, sepan que también hay justicia fuera de lo militar".

Así, afirmó que su caso es la punta del iceberg de otras situaciones similares en el Ejército del que dijo sentirse desencantada salvo por la actitud de apoyo de sus compañeros que calificó de "muy honorable". Sus testimonios, el suyo propio y las pruebas que el abogado dice tener serán los ejes de la acusación particular en el ámbito de la justicia ordinaria al haberse inhibido en su favor la justicia militar.

Es en un juzgado de Plasencia porque los hechos ocurrieron en unas maniobras realizadas en Piornal en mayo del 2000. La soldado, de baja por depresión, reconoció ayer a la salida de su declaración ante el juez y el fiscal que para ella "ha sido muy duro" y ha tenido que "parar" en varias ocasiones porque le está "afectando mucho psicológicamente estar recordando contínuamente los hechos". No obstante, dijo tener "mucha fe en la justicia" y espera que "al final este hombre pague por lo que ha hecho".

La soldado Quiñoa ha reconocido sentirse indefensa ante la justicia militar porque después de dos años desde que presentó la denuncia, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo condenó al teniente por el delito de abuso de autoridad y trato degradante. Ahora espera que "se haga justicia" para que su familia y ella puedan "empezar de nuevo la vida". Mientras, el acusado estuvo acompañado por juristas militares al tratarse de un militar aunque no en el momento en que pasó ante el juez.