El juicio contra Pedro Salguero, exgerente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, arrancaba este miércoles en el Palacio de Justicia de la capital extremeña pero finalmente se ha suspendido porque la acusación particular ha recusado a los miembros de la sala. Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), los abogados del Patronato han pedido que sea otro magistrado el que juzgue la causa, al entender que el designado podría estar “contaminado” del proceso. El TSJEx deberá pronunciarse ahora sobre este recurso y posteriormente habrá que señalar una nueva fecha para la celebración del juicio, con lo que el proceso que arrancó en 2011 (con la legislatura del PP) aún se seguirá alargando. La vista tiene cuatro sesiones programadas debido al gran número de testigos citados.

Salguero está acusado de prevaricación, malversación de caudales públicos y ocultación de documentos. La Fiscalía solicita para él una pena de nueve años de prisión e inhabilitación, además de una multa de 12.000 euros. En su escrito de calificación provisional, la acusación pública sostiene que entre los años 2007 y 2011, siendo gerente del Consorcio Patronato del Festival, Salguero dispuso ilícitamente de dinero público para el pago de varias facturas a empresas y particulares. Estas se abonaron por servicios que no se prestaron (24.000, 5.000 y 7.000 euros) o que no guardaban relación con la actividad propia del Festival (1.750 euros). También añade que las facturas se realizaron omitiendo la normativa de contratos públicos, como unas de 150.000 y 230.000 euros por servicios de iluminación, que resultaron impagadas «por falta de fondos».

Por otra parte, el Ministerio Fiscal imputa al exgerente del festival un delito de ocultación de documentos motivado por la presunta ocultación, a la Agencia Tributaria y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura, de información fiscal y contable referida a los años 2008 a 2011, exigida en el marco de procedimientos de inspección llevados a cabo por estos organismos. En el año 2012, coincidiendo con la dimisión del encausado, el Consorcio presentaba una deuda que alcanzaba los 3.358. 078,54 euros. También estaba imputado en este proceso A.J., auditor externo de la Consejería de Cultura, pero se ha declarado extinto de su responsabilidad penal por fallecimiento.