Los tabaqueros extremeños culparon ayer a la industria transformadora de haberles implicado en el presunto pacto de precios que está investigando desde hace dos años la Comisión Europea. En este sentido, las principales organizaciones agrarias, cooperativas, y asociaciones de cultivadores han recibido una comunicación de Bruselas en la que se les imputa en el caso, al igual que a las industrias transformadoras de tabaco.
La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea aprobó el pasado 11 de diciembre el pliego de cargos del expediente Tabaco crudo España , al que ha tenido acceso EL PERIODICO EXTREMADURA y que imputa a un total de veinte organizaciones a las que acusa de pactar de forma ilegal el precio del tabaco entre 1996 y el 2001. Para todas ellas propone una sanción de entre 1.000 euros y 1 millón de euros, aunque avisa de que se ha detectado "una de las vulneraciones más serias del apartado 1 del artículo 81 del Tratado Constitutivo" de la UE.
IMPUTADOS En concreto, las organizaciones imputadas son Cetarsa; Agroexpansión; World Wide Tobacco; Tabacos Españoles; Deltafina; Dimon Incorporated; Intabex; Standard Commercial Corporation; Standard Commercial Tobacco; Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation; Universal Corporation; Universal Leaf Tobacco; Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de Tabaco; Asaja; UPA; Coag; Confederación de Cooperativas Agrarias; Agrupación de Cooperativas Tabaqueras; Tabares; y Federación Nacional de Cultivadores de Tabaco.
El pliego de cargos fue remitido el 15 de diciembre a las veinte entidades implicadas, que tienen hasta finales de febrero para remitir sus alegaciones a Bruselas. El organismo de defensa de la competencia de la Unión Europea considera probado que entre 1996 y el 2001 existió un pacto de precios entre las transformadoras por un lado y entre los productores por otro, un acuerdo en el que desde 1999 colaboraron ambos sectores.
Durante la investigación los inspectores de la UE han realizado registros en las principales oficinas de las empresas transformadoras y se han incautado de diverso material informático y archivos en papel. Entre las numerosas pruebas recabadas hay manuscritos en los que las empresas detallan los acuerdos de precios, correos electrónicos y todos los contratos suscritos durante el presunto fraude.
Higinio Burcio, portavoz de la Mesa de Defensa del Tabaco, lamentó que esta noticia surja justo en un momento muy delicado para el sector, que hoy mismo inicia los encierros para intentar frenar el recorte de ayudas europeas. En el mismo sentido se pronunciaron los secretarios regionales de Coag, Luis Cortés, y UPA, Lorenzo Ramos. Ambos coinciden en que las transformadoras "se han quitado el muerto" y han implicado a los productores para "desviar la atención". Ramos afirmó que "han puesto el ventilador para implicar a todo el mundo".
Por su parte, el consejero de Agricultura, José Luis Quintana, consideró "un poco sospechoso" y "extraño" que aparezca la noticia cuando se está ejerciendo "tanta presión en el tema del tabaco". El presidente de Cetarsa, Isidoro Hernández Sito, declaró ayer que la investigación sigue su curso "sin que haya ninguna novedad", al tiempo que negó que su empresa haya sido imputada. Además, volvió a negar que hubiese pacto de precios.
