Las organizaciones agrarias UPA-UCE, Asaja Extremadura y Cooperativas Agroalimentarias se reunieron ayer con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para trasladarle la "complicada situación" del sector tabaquero extremeño, amenazado por los bajos precios y una previsible reducción del volumen de contratación. A esto se suma el anuncio de Altadis de cerrar la fábrica de cigarrillos de La Rioja, donde termina más del 60% del tabaco que se cosecha en Extremadura. En el encuentro, celebrado en Mérida, las organizaciones pidieron al presidente "que se ponga al frente del sector" y lidere sus demandas ante la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para abrir negociaciones con las multinacionales y garantizar la compra de la totalidad de las producciones.
El presidente de Asaja Extremadura, Angel García Blanco, explicó que los tabaqueros extremeños producen en torno a 32 millones de kilos de tabaco anuales (28 de Virginia y cuatro de Burley), de los que el año pasado se procesaron unos 18. Según datos de UPA-UCE, en la campaña pasada hubo una bajada de más de dos millones de kilos y este año, en el inicio de las conversaciones con Cetarsa (la empresa pública contrata más del 70% de la producción del sector en la región) se empezaban a plantear nuevas reducciones. A este volumen de contratación "insuficiente" se suma el problema del precio, unos 40 céntimos por debajo de lo que están pagando las multinacionales en Italia.
FISCALIDAD "Las multinacionales deberían comprar como mínimo el tabaco que actualmente se consume en España. Si estamos hablando de un consumo de entorno a 46 millones de kilos, no entendemos cómo no quieren adquirir más allá de los 32 o 33 que están últimamente comprando. Esto es un tema que depende de la fiscalidad y por eso hacemos también una advertencia al Gobierno central", afirmó García Blanco. El presidente de Asaja se refirió también "al futuro" de esos cuatro millones de tabaco Burley que las compañías "se niegan a comprar", a cuyos productores hay que darles solución bien a través de ayudas a la reestructuración de los cultivos u obligando a las multinacionales a que adquieran el producto.
El secretario UPA-UCE, Ignacio Huertas, reiteró que la situación del sector "es cada vez más complicada" y por ello desde el colectivo exigieron al presidente "que se ponga al frente" para reclamar soluciones al Gobierno central, que es quien tiene los mecanismos para abrir negociaciones con las multinacionales. "Esto no puede continuar así. No tenemos que olvidar que quien nos compra la mayor parte del tabaco es una industria pública y las administraciones tienen que garantizar un futuro de estabilidad a medio plazo para el sector", dijo Huertas, que se mostró convencido de que el cultivo del tabaco "interesa si se toman las decisiones correctas".
En relación al cierre de la fábrica de cigarrillos de Altadis en La Rioja, exigió que se garantice que se va a seguir comprando el tabaco extremeño. "No se puede permitir que aquí se deje de producir y que se se siga vendiendo tabaco procedente países terceros sin ningún tipo de garantías, con gente produciendo en régimen de semiesclavitud. Lo positivo que tiene el tabaco es el empleo y la riqueza que genera en las zonas donde se produce", indicó.
Cabe recordar que Altadis tiene suscrito un convenio con el Ministerio de Agricultura para mantener la compra de tabaco a España, y por tanto a Extremadura como mayor productora nacional, hasta el 2017. Sin embargo, el documento no recoge volúmenes de compra.
