El Tribunal Constitucional (TC) no ha admitido a trámite la primera cuestión de inconstitucionalidad de la treintena planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) sobre la ley extremeña que regula el impuesto sobre suelo sin edificar y edificaciones ruinosas. El consejero de Hacienda, José Martín, dio a conocer ayer un auto del TC en el que considera que no hay incompatibilidad con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que gestionan los ayuntamientos y que grava la titularidad de los inmuebles, por lo que esta ley, aprobada por la Asamblea en 1998, no vulnera el artículo 6 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), comentó.

Este artículo condiciona la potestad de las comunidades autónomas para establecer y exigir sus propios tributos a que éstos no recaigan sobre hechos imponibles gravados ya por el Estado o las corporaciones locales.

La normativa, según figura en el auto del TC, llegó al TSJEx en el 2003, y ahora el TC reconoce que "no es un tributo que tenga una finalidad primordialmente recaudatoria, y no es el mero gravamen de una manifestación de riqueza, como ocurre en el impuesto sobre bienes inmuebles con la mera titularidad, sino la de estimular a los titulares de solares y edificaciones declaradas en ruina a cumplir con el fin social de la propiedad". Según el TC, la ley extremeña busca "estimular una utilización racional, eficaz y eficiente del suelo".

El consejero expresó su satisfacción por la decisión judicial sobre la ley autonómica que, tras su aprobación, ya fue recurrida por el anterior Gobierno del PP y posteriormente retirada por el actual del PSOE, aunque el TSJEx planteó sus dudas al Tribunal Constitucional.

RECAUDACION A este respecto, Martín explicó que la ley se ha seguido aplicando desde que entró en vigor en el 2001. Desde entonces, el impuesto ha recaudado 2,4 millones de euros, y a afectado a unos 850 contribuyentes y a 1.200 solares sin edificar de localidades de más de 20.000 habitantes.

Esta pequeña cuantía, demuestra a su juicio, que el fin del impuesto no es la rentabilidad, sino "evitar la especulación". En este sentido, acusó al PP de ser "aliado de la especulación" al invitar a los propietarios de solares sin edificar a la "insumisión fiscal".

Sobre la treintena de recursos de inconstitucionalidad sobre este impuesto que el TC aún está pendiente de resolver, Martín se mostró convencido de que se pronunciará en los mismos términos, ya que "esto queda ahora libre y expedito".