Las partes enfrentadas por el caso de la Isla de Valdecañas volverán a verse las caras en una vista pública que se celebrará antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) dicte su resolución final sobre si se ejecuta la sentencia y se derriba o no el complejo residencial y turístico.

La vista podría celebrarse antes del verano, aunque no hay una fecha estipulada. Lo que sí está claro es que en esa audiencia pública deberán estar presentes o representadas al menos las cinco partes en conflicto: la promotora del complejo (Marina Isla de Valdecañas SA), la Junta de Extremadura, las comunidades de propietarios de los inmuebles del resort, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo (los términos que ocupan) y las dos organizaciones ecologistas denunciantes (Adenex y Ecologistas en Acción), y también deberán acudir los investigadores de la Estación Biológica de Doñaña -o algún representante- a los que el TSJEx encargó el trabajo pericial sobre el impacto mediambiental de ejecutar la sentencia. «Esa vista será para que los peritos se ratifiquen en el informe y en las aclaraciones que hayan realizado», recoge el último auto del TSJEx, con fecha del pasado 25 de febrero.

Esta cita será la última fase de un conflicto que se inició hace ya más de una década y que en estos momentos está en fase de recogida de alegaciones y petición de aclaraciones a los autores del informe. Es lo que han hecho en las últimas semanas tanto la Junta como la promotora y los representantes de los propietarios que han solicitado al TSJEx -y esta a la Estación Biológica de Doñaña- argumentar, justificar o aclarar algunas cuestiones reflejadas en el informe de más de mil folios que el organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entregó el pasado enero y que fue encargado en el 2015.

En este caso, se ha solicitado información referente principalmente a las mediciones o supuestos sobre la fauna, la flora y la calidad del agua de la zona y por parte de la promotora también tener acceso a datos utilizados por los investigadores que en el informe están catalogados como confidenciales. «Estamos en un proceso habitual cuando se lleva a cabo un peritaje, la diferencia es que estas preguntas o aclaraciones se suelen realizar mediante una audiencia en la que los peritos se ratifican y las partes pueden hacer preguntas pero en este caso, al tratarse de un peritaje tan complejo, el tribunal ha decidido que esas preguntas o dudas se planteen por escrito y los peritos respondan también de este modo. Pero es un proceso absolutamente normal», explica Mª Ángeles López, abogada de Adenex.

UN MES MÁS / Para ello, ante la complejidad del informe, las dudas surgidas y tras la petición de la Junta de Extremadura, el TSJEx ha decidido ampliar un mes más el tiempo que había contemplado inicialmente para formular alegaciones. De este modo, el plazo terminará el próximo 15 de abril en lugar de hoy, 15 de marzo, como se anunció en enero tras enviar el informe del CSIC a las partes implicadas. Cumplida esa fecha del 15 de abril y respondidas todas las aclaraciones, el TSJEx convocará la vista pública en la que los investigadores ratificarán su informe y las partes podrán pedir explicaciones o matizaciones -«siempre que no se trate de una reiteración de lo ya expuesto»-.

A partir de ahí se abrirá un plazo de 20 días para que cada parte inste la ejecución o la imposibilidad de ejecutar la sentencia y posteriormente habrá otros 20 días para que contesten a las peticiones formuladas. Por último, será el TSJEx el que dictará su resolución poniendo fin a la fase de ejecución de la sentencia.