Una persona dependiente es aquella que no puede valerse por sí misma y que necesita obligatoriamente asistencia de alguien o de algo. Vive con una incapacidad funcional que no le permite desarrollar su vida diaria si no cuenta con algún tipo de ayuda. Una de cada tres personas de Extremadura a las que la Administración les reconoce este problema, se encuentran actualmente desatendidas.
La lista de espera está ahora mismo en 12.439 dependientes, lo que supone un incremento de 9.970 personas con respecto a 2015 (la cifra estaba en 2.469). En cuanto al tiempo medio para recibir asistencia, se sitúa entre seis meses y un año en áreas como Don Benito-Villanueva, debido a problemas para cubrir las plazas de valoradores, lo que provoca la demora.
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, hizo ayer balance del último año de aplicación de la Ley de Dependencia en la comunidad y destacó que, desde julio 2015, se han incorporado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) una media diaria de cuatro personas; y lo comparó con el dato de toda la anterior legislatura, en que fue de 2,5 al día.
Vergeles quiso leer los datos en positivo subrayando que Extremadura cuenta con 23.180 beneficiarios que reciben atención de la Ley de Dependencia, lo que supone 1.439 más que hace un año; que las personas valoradas también han aumentado en ese periodo en 1.409, alcanzando la cifra de 47.152; y que el sistema ha recibido un total de 52.511 peticiones, lo que significa 3.471 más que en julio de 2015.
Precisamente ese incremento de solicitudes es uno de los motivos, según Vergeles, por el que ha subido tanto la lista de espera. La otra causa está en que desde el 1 de julio de 2015, tras la moratoria impuesta desde el Gobierno central, se han empezado a incorporar al sistema lo que se conoce como dependientes moderados o de 'Grado I'.
Esta denominación se refiere a cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. En 'Grado II' o dependencia severa la ayuda se necesita dos veces al día. Y en 'Grado III' o gran dependencia la asistencia es necesaria varias veces al día por la pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, por lo que se requiere del apoyo indispensable y contínuo de otra persona.
El consejero explicó que desde julio de 2015 hay en marcha un plan de atención especial a las 10.498 personas de 'Grado I' que existían en Extremadura. El primer paso consistió en actualizar y depurar los datos (bajas, mejorías, agravamientos), por lo que la lista quedó en un total de 8.269. A partir de ahí, se han establecido criterios en función de la vulnerabilidad y los tiempos de espera.
Tienen prioridad quienes hicieron la solicitud entre 2007 y 2010, los mayores de 95 años y los menores de 3. Después están los que realizaron la petición entre 2011 y 2015.
Vergeles resaltó que en abril se contrató a 14 nuevos profesionales para reforzar los equipos de valoración y que el 64% de las peticiones de estos dependientes de 'Grado I' ya están bien atendidas o bien en tramitación (pero no se facilitó el dato desglosado acerca de qué porcentaje pertenece a cada fase). Asimismo, aseguró que los solicitantes con prioridad están atendidos en un 88%, por lo que de éstos sólo quedan 326 personas en lista de espera.
Con las cifras sobre la mesa, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales afirmó que "no es para sentirse totalmente satisfecho" pero que la tendencia, en general, es positiva y los resultados "esperanzadores".
LA OPOSICION Desde el PP aprovecharon la presentación de este balance para lanzar críticas contra Vergeles. "Estos datos reflejan la paralización", señaló José Angel Sánchez Juliá, coordinador del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Sanidad y Políticas Sociales en la Asamblea de Extremadura.
Juliá lamentó la "autocomplacencia" mostrada, a su juicio, por el consejero, y aseguró que cuando su partido accedió al Gobierno regional en 2011, Extremadura figuraba en el octavo puesto del ranking nacional que mide la evolución de la aplicación de la Ley de Dependencia. "A pesar de las condiciones económicas heredadas del anterior Ejecutivo regional, se consiguió que la comunidad remontara hasta el cuarto puesto nacional en 2015", argumentó. Sin embargo, continuó Juliá "ahora se retrocedido hasta el sexto lugar".
