El urbanismo, o lo que es lo mismo, los atentados contra el territorio y el urbanismo, suponen casi la mitad de los delitos que se cometen en Extremadura contra el medio ambiente. Y mientras que hace unos años eran los de incendios forestales los que seguían a los anteriores en número, a estos les han ganado terreno los relativos a la fauna y la flora.
Lo reflejan así los datos facilitados a este diario por los fiscales delegados del área de Medio Ambiente y Urbanismo de Cáceres y Badajoz, Juan Antonio Galán y Agustín Manzano. Según sus respectivos balances anuales referentes al 2007, el 43% de los procedimientos judiciales que el año pasado tramitaron las fiscalías de Medio Ambiente fueron por presuntos delitos urbanísticos, mientras que un 39% lo fueron por presuntos delitos contra la flora y la fauna y un 11% por incendios.
En concreto, de los 216 procedimientos totales tramitados, 93 hacían referencia a urbanismo --construcciones ilegales, en zonas de especial protección, sin licencia...--, y 70 a posibles delitos contra la flora y la fauna --caza de especies protegidas, furtiva...--.
Trasladando los datos a nivel provincial, las estadísticas de los fiscales revelan una curiosa realidad, el hecho de que es la provincia de Cáceres la que copa los delitos urbanísticos, en concreto el 96% de la cifra total tramitada el año pasado; mientras que la de Badajoz copa los relativos a la flora y la fauna, exactamente el 82% del total de los procesos.
La diferencia resulta especialmente sorprendente en el caso de los procedimientos judiciales por presuntos delitos urbanísticos, pues mientras que el fiscal de Medio Ambiente de Cáceres, Juan Antonio Galán, tramitó el año pasado unos 90, el de Badajoz, Agustín Manzano, solo tramitó tres. La diferencia también es importante, aunque no tanto, en las causas por presuntos delitos contra la flora y la fauna, de las que en Badajoz se tramitaron 70, frente a las 15 de Cáceres.
En el caso de incendios forestales la cifra fue el año pasado similar, algo más de una decena en cada provincia.
LOS PROCESOS De las aproximadamente 90 denuncias que el año pasado le llegaron al fiscal de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Cáceres por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, por delitos urbanísticos, Galán indicó que 70 están aún en trámite, como la denuncia contra el Ayuntamiento de Sierra de Fuentes por un convenio urbanístico para construir en 70 hectáreas de terreno del municipio o las denuncias contra una decena de particulares por construcción ilegal en la rivera del río Alagón a su paso por Coria; en tres (ver en la página siguiente) hay ya acusación y se está a la espera del juicio --retrasado por la huelga en Justicia--, y el resto se han archivado, como ocurrió con la denuncia contra el Ayuntamiento de Torrequemada por la construcción de un polígono industrial, presuntamente en terreno protegido.
Entre la quincena de causas registradas en la provincia cacereña por presuntos delitos contra la flora y la fauna destacó el año pasado la causa abierta por contrabando de antílopes, un caso de tráfico ilegal de animales que destapó la Guardia Civil con la intervención de una docena de antílopes negros indios en una finca de Zarza la Mayor y que el juez tuvo finalmente que archivar, debido, según explicó el fiscal en su día, a que el valor de los animales que se habían introducido ilegalmente en España no superaban los 18.000 requeridos para poder enjuiciar por un delito de contrabando. Destacó también la causa derivada de la detención de dos británicos con más de 600 ejemplares de especies protegidas, en su mayoría anfibios.
Y entre los procesos tramitados por delitos de incendios destacan los referentes a los graves fuegos registrados hace casi dos años en Carrascalejo y Cañaveral, que según informó Galán están aún en trámite e instrucción, pendientes de los estudios sobre los perjudicados y la tasación de los daños.
En cuanto a Badajoz, el fiscal delegado de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial, Agustín Manzano, concretó de su balance que han sido un centenar los procedimientos judiciales, 70 por presuntos delitos contra la flora y la fauna, 14 por incendios, tres por delitos contra la ordenación del territorio y tres contra el patrimonio histórico.
Destacó, entre otros, el proceso por las cacerías de tigres y leones en una finca de Monterrubio, por el que ya fueron juzgados los cinco imputados y condenados el organizador a dos años de prisión, a 18 meses cada uno de los dos cazadores imputados y a 10 meses cada uno de los dos empleados de la finca. Y también el caso de los tres detenidos en julio pasado en Casas de Don Gómez como presuntos autores de un delito de caza furtiva, y otro de intento de homicidio al disparar contra el vigilante de una finca que les descubrió cazando de noche en su interior, y que está aún en tramitación.
