El futuro de los terrenos de la central nuclear que se proyectó en Valdecaballeros y que nunca llegó a funcionar está en manos de la Junta de Extremadura. La Administración autonómica inició el año pasado los trámites para solicitar al Ministerio de Transición Ecológica (del que dependía esta instalación) la reversión de las 2.500 hectáreas pertenecientes a los términos municipales de Valdecaballeros, Castilblanco y Alía. El gobierno central ha publicado hace poco más de un mes la orden ministerial que da el visto bueno al traspaso de titularidad, que será efectiva, como muy tarde el 4 de febrero, según los plazos que se establecen en el propio documento. A partir de ese momento será el gobierno regional el que deba decidir el futuro de los espacios y las instalaciones que se incluyen en la cesión, de acuerdo con los usos que permite ahora mismo su calificación urbanística, o planteando algún tipo de cambio para dar nuevas opciones a la instalación.
«Se analizarán los posibles usos de los terrenos, además de con nuestros departamentos, con los ayuntamientos en los que están ubicados los activos cedidos», explican desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
¿Y que opinan en esos ayuntamientos? Pues que más allá de proyectos concretos, lo que quieren es que las iniciativas que se asienten allí reviertan en sus pueblos generando oportunidades de empleo que contribuyan a fijar población. «Esperamos discutirlo con la Junta a lo largo de la primavera, una vez que termine toda la tramitación», apunta el alcalde de Valdecaballeros, Gregorio Roríguez. A su juicio ese espacio ha estado «infrautilizado», puesto que no ha tenido más usos que el de alimentar a animales de una cooperativa del pueblo y a otras cabezas de ganado de empresarios privados. Y considera que puede tener más usos: «podría albergar una planta solar fotovoltaica, una energía verde y limpia que encajaría con los usos que tiene el terreno ahora mismo y que sería además compatible con la protección ambiental que tiene parte de los terrenos afectados», afirma. Se trata de una zona protegida medioambientalmente como ZEPA y LIC y de la Red Natura 2000.
Proyecto fallido
«Ninguno de los municipios hemos recibido nunca una compensación por la decisión de paralizar esa central. Esperamos que se consensúe ahora con nosotros un proyecto claro y que repercuta en nuestros pueblos», reivindica por su parte la regidora de Castilblanco, Mari Ángeles Merino. Precisamente en este municipio está previsto el megaproyecto turístico Elysium, que no guarda ninguna relación con los terrenos de la vieja central porque distan varios kilómetros entre unos y otros. Los terrenos del municipio en la instalación nuclear eran los destinados a albergar la presa que se utilizaría para refrigerar el reactor. Allí hay además una subestación eléctrica a la que verterán varios proyectos fotovoltaicos en marcha en Orellana, Logrosán, Casas de Don Pedro y Talarrubias.
Para la alcaldesa de Alía, Cristina Ramírez, la cesión puede suponer para el pueblo recuperar un proyecto de regadío que se ideó para otros terrenos próximos pero que podría tener cabida en los de la antigua central. «Ese proyecto nunca se llegó a desarrollar», recuerda la regidora, que no se cierra a que se puedan contemplar otras opciones «siempre que se decida con nosotros y que revierta en nuestros pueblos», defiende.
Los proyectos que se acometan están sujetos a los usos autorizados por la calificación urbanística de los terrenos. De momento, los usos del terreno permiten «actividades agrícolas, medioambientales y energéticas, aunque la calificación urbanística puede cambiarse», anotan fuentes de Hacienda.
