El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado hoy que Extremadura no se quedará "de brazos cruzados" si finalmente el Tribunal Constitucional da la razón a las empresas eléctricas en relación a la llamada ecotasa, aunque ha eludido hacer valoración alguna hasta que no se conozca la sentencia.
Vara ha respondido así a sendas preguntas de Ciudadanos y Podemos en el pleno de la Asamblea sobre la valoración que hace el Ejecutivo en relación a la reclamación de 605 millones de euros que Iberdrola y Endesa, dos de las propietarias de la Central Nuclear de Almaraz, harán a la Junta si el TC les da la razón en el recurso que tienen presentado contra este impuesto, según algunas informaciones periodísticas.
El presidente extremeño, que ha señalado que esta información no es nueva, ha indicado que cuando la Asamblea aprobó establecer un impuesto a las compañías eléctricas que operan en la región "lo hizo convencido de que era un acto de justicia", pero ha insistido en que no entrará a valorar "hipótesis".
Además, ha afirmado que él no se siente "chantajeado" por este tipo de informaciones con las que, según la portavoz de Podemos, Irene de Miguel, las compañías eléctricas intentan que la Junta apoye la prórroga de actividad de la Central Nuclear de Almaraz.
El jefe del Ejecutivo extremeño ha recordado que la posición de su gobierno respecto a prolongar la vida útil de Almaraz y de las nucleares es clara, ya que considera que "son el pasado" y las renovables "son el futuro".
A su juicio, España necesita un plan energético consensuado, un calendario de cierre de las centrales nucleares y planes alternativos para las zonas en las que están ubicadas, y le ha recordado a Podemos la batalla que el PSOE ha presentado y sigue presentando a las eléctricas "porque esto no ha empezado ahora".
Sin embargo, Irene de Miguel le ha recriminado una actitud más reivindicativa, "que sea igual que la que se le pide a los ciudadanos para otras cuestiones" porque las compañías eléctricas "van a querer seguir sin pagar y que se prorrogue Almaraz".
"Haga lo imposible para que sean las que pierdan", ha señalado Irene de Miguel, que ha señalado que estas compañías ya reconocen en sus libros de contabilidad los 605 millones de euros que les tendrá que pagar a Junta.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha indicado que aunque el presidente no quiera valorar "hipótesis de futuro" las arcas públicas de la región se verían "seriamente afectadas" y se sumaría a un escenario que no es bueno, según señalan varios informes.
