Pocas horas después de darse a conocer la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que obliga a la demolición parcial del complejo Marina Isla de Valdecañas, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, apeló al diálogo de todas las partes para cerrar este conflicto que se inició en el año 2007 y para desarrollar de la mejor manera posible y cuanto antes los planes de denomilición y regeneración a los que obliga el auto judicial. Anunció la creación de un grupo de trabajo que se va encargar de la redacción de esos trabajos y avanzó que iba a convocar a las organizaciones ecologistas demandantes, Ecologistas en Acción y Adenex. «Rogaría que nos demos una oportunidad para ponerle a esto punto y final», dijo Fernández Vara, con el fin de no añadir una complicación más en este momento de especial dificultad.
El primer intento, al menos, ya tiene fecha. El presidente de la Junta ha citado a las organizaciones ecologistas el próximo miércoles, día 8 de julio. Serán dos encuentros, por separado con cada una de las dos organizaciones, a pesar de que desde el principio han ido de la mano en este polémico conflicto.
Recurso
La postura de las dos organizaciones continúa siendo llegar al final mientras puedan seguir recurriendo con el único objetivo de hacer cumplir la legalidad. Tienen, entre otras, dos sentencias (una del TSJEx ratificada posteriormente por el Supremo) a su favor que anulan el Proyecto de Interés Regional de Isla de Valdecañas y ordenan devolver aquellos terrenos a su estado original y otra más del Constitucional que reconoce que los cambios que se introdujeron en la Ley de Suelo para amparar la urbanizacón de la zona protegida fueron inconstitucionales. «Lo único que pedimos es que se cumpla la ley».
