«Los turistas que vienen a Cáceres, no lo hacen para ir a comprar al Carrefour». Así respondió ayer el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, al líder de la oposición, José Antonio Monago, que le preguntó sobre las medidas que va a tomar la Junta tras la sentencia del Tribunal Supremo que permite la apertura de 16 domingos y festivos al comercio de Cáceres y Badajoz, anulando un acuerdo del Ejecutivo autonómico que revocaba la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios comerciales.

En cumplimiento de esa sentencia del Supremo, avanzó Fernández Vara, los comercios de ambas capitales de provincia podrán abrir ya el domingo 7 de octubre. «Esto no empezó como un capricho, sino como una demanda por parte del sector del comercio que por práctica unanimidad pidió en el Consejo Regional de Comercio esa anulación», insistió. En todo caso, se preguntó «a ver qué ocurre ahora, a ver si esto sirve para que aumente el empleo en el comercio minorista, que por cierto sigue subiendo, y para que no haya precariedad en el comercio minorista».

Por ello, insistió en que la Junta «va a estar ojo avizor», ya que el objetivo es que «haya más empleo en Extremadura, y el problema de fondo no está ni en los festivos, ni en los no festivos, sino que el problema está en el comercio online, que no tiene festivos, ni nocturnos».

Sin embargo, Monago replicó que Vara anuló esa declaración de Zona de Gran Afluencia Turística «por considerarlo una gran mentira y ahora el Supremo ha dicho que la gran mentira fue la suya».

A su juicio, aquella revocación de la Junta supuso un «grave daño para el comercio», ya que en 2015 con la regulación anterior, el comercio minorista subió un 2,2%, mientras que en 2017 y «gracias a su gran mentira», Extremadura está «a la cola del crecimiento del comercio minorista en el conjunto del país». Para el líder popular, la Junta «no tiene nada que ofrecer al comercio extremeño», porque «se nos fueron las ruletas de juego para Andalucía»; pero «sí hay que ofrecer: más dinero para patronal y sindicatos, para esa paz social que se compra en Extremadura, y más dinero, 24 millones de euros, para empleo precario, para que cuando pasen las elecciones, vuelvan a estar nuevamente en el paro», en relación al anuciado Plan de Empleo Social.