El día después de asistir en Lisboa a una nueva muestra del cambio de discurso asumido por el Gobierno portugués tras las elecciones europeas, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, insistió en recordar al país vecino la gran responsabilidad que tiene en la ejecución de la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa. "El AVE no puede ni debe tener marcha atrás", subrayó el dirigente extremeño apoyándose en el argumento de que "España y Portugal no pueden ir contra sus propios actos" y, por tanto, el compromisos internacionales con esta infraestructura "está por encima de las apreciaciones de partidos".
Para Vara, lo que está en juego va más allá de una decisión entre países. "Es un acuerdo", ensalzó, alcanzado en la Cumbre Hispano-Lusa de Figueira da Foz y en el que participa la Unión Europea. En esta línea, incluso invocó a las instituciones comunitarias para que no permitan la paralización del proyecto: "Sencillamente la UE no puede ir contra sus propios actos e intereses".
Y mientras el presidente extremeño realizaba estas declaraciones en Mérida, en Madrid el Gobierno daba un nuevo empujón a la red española de alta velocidad con la aprobación de nuevas partidas, pero ninguna de ellas para la región. Concretamente, el Consejo de Ministros autorizó obras del AVE a Levante y de la conexión Valladolid-Burgos que, en conjunto, suman un presupuesto de 116,9 millones de euros.
Además, por la tarde, el ministro de Fomento, José Blanco, ratificó en un acto celebrado en Lugo su compromiso y el del Gobierno para que la alta velocidad ferroviaria "llegue a Galicia cuanto antes, en las mejores condiciones y en los términos que expondré, concertaré y haré públicos con el presidente de la Xunta en la reunión que mantendremos el próximo 24 de junio".
