El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, reclamó ayer al Gobierno la derogación del real decreto ley 20/2012, a su juicio «el mayor hachazo» al sistema de la dependencia en sus 10 años de existencia. El consejero, que cifró en 65 millones los recortes estatales en esta materia en Extremadura en los últimos cinco años, recordó que con este decreto se retrasaron 4 años las ayudas a los dependientes leves; se amplió el plazo de resolución de expedientes de 6 a 24 meses y se aumentó el copago.
Al mismo tiempo, se redujeron las cuantías de algunas ayudas y se eliminaron las cotizaciones de los cuidadores no profesionales, además de desaparecer de los Presupuestos del Estado el nivel acordado para la financiación de la ley al 50% con las autonomías. De esta forma, en la actualidad la Junta financia el 87% de su coste frente al 13% del Gobierno, siendo la región la segunda que más fondos propios aporta y la primera en solicitudes en relación a su población. Vergeles, que definió la ley de dependencia como «la mayor norma social del siglo XXI», defendió la gestión de la Junta después de que se haya conseguido «un ritmo de incorporación de cuatro personas al día, frente a las dos de la legislatura anterior».
