Los vigilantes de seguridad privada en el exterior de las cárceles se concentraron ayer en Badajoz para exigir el mantenimiento de sus puestos de trabajo y para que se les considere agentes de la autoridad, además de ser dotados con material de protección. En una concentración convocada por los sindicatos UGT y CCOO frente a las puertas de la Delegación del Gobierno, una treintena de personas han portado carteles con el lema ‘Seguridad privada, no a los recortes penitenciarios’.

El responsable de este sector de CCOO, Antonio Pino, explicó que el Gobierno de España pretendía cambiar la seguridad privada por la pública, lo que afectaría a mil puestos en España y 60 en Extremadura, cuando el sistema mixto actual funciona «perfectamente». A su juicio, la seguridad privada ha dado muestras de «profesionalidad» en cualquiera de las infraestructuras críticas en las que están, como prisiones, metros, aeropuertos y hospitales psiquiátricos, informa EFE.

También han advertido de que la última renovación del contrato de las prisiones que se ha hecho es temporal, de modo que nadie les asegura que vaya a continuar cuando concluya.

Por su parte, el responsable de seguridad de UGT, Raúl Plano, señaló que el pasado lunes hubo una reunión donde el Ejecutivo aseguró de forma verbal que la seguridad privada iba a continuar en el exterior de las cárceles como complementaria a la interna, pero que no hay un compromiso escrito, por lo que continuarán con las actuaciones.

Plano detalló que el contrato de Extremadura finaliza en mayo, pero espera que se renueve un año más puesto que, al coincidir con las elecciones municipales, no cree que vayan a cambiar el servicio.

CUMPLE EN MAYO / Además, consideró que es «absurdo» quitar la seguridad pública de las calles para ponerla en las cárceles cuando su trabajo es «perfecto» y están bien coordinados. Plano puso en duda el argumento del coste económico esgrimido por el Gobierno porque la seguridad privada es más económica.

El representante de UGT resaltó que actualmente están como hace 30 años, con la diferencia de que entonces tenían carácter de agente de la autoridad y ahora solo tienen ese trato si trabajan con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que las agresiones a ellos «salen muy baratas».

En su intervención, el responsable de UGT ha pedido también que exista una uniformidad igual para todos, en la que cada empresa lleve su emblema, y que se adapte al siglo XXI.