Directora de Economía del Servicio de Estudios de Fomento del Trabajo

TLtos excesos son malos y pasan factura tarde o temprano. Si en la emisión de moneda, la inflación lleva al descenso de su poder de compra; en el caso de las normas, la proliferación lleva al incumplimiento, al desvío de actividades, al descrédito y a la inseguridad jurídica. El exceso regulatorio es costoso y, por lo general, obstaculiza el desarrollo de la actividad económica y social, reduce la competitividad y desincentiva la inversión.

La regulación es condición necesaria para que el mercado cumpla su función de asignar recursos con eficiencia y se protejan los intereses del ciudadano, ¿pero es condición suficiente? Entender la necesidad de que existan normas y la importancia de su cumplimiento no significa regular todo o hacerlo de cualquier modo, aunque a muchos políticos les cueste creerlo, regular más no significa regular mejor.

En España, hay 100.000 leyes en vigor, con un flujo medio anual en torno a 2.000 leyes nuevas. Un volumen normativo plasmado en casi 100.000 páginas de diarios oficiales, además de las 45.000 en español publicadas por la Comisión Europea. Aparte está la normativa municipal y el coste directo e indirecto asociado al cumplimiento de los trámites administrativos. Y ante todo esto ¿qué hace la empresa? La grande, poner a su departamento jurídico a trabajar a toda máquina; las otras, contratar asesores legales, fiscales y medioambientales, consejeros de prevención de riesgos, laborales, de protección de datos y un largo etcétera.

La calidad de la regulación y el grado de cumplimento importan más que el número. Poco ayudan ejemplos como el proyecto de la Comisión Europea Red Natura 2000, la ley del suelo y la del paisaje, que restringen el derecho de propiedad y la actividad productiva. Definiciones ambiguas solo sirven para dar margen a la arbitrariedad. Esta es el descrédito de la democracia y, según Stendhal, el fin de la civilización. Regular no es una panacea. Para que sea solución útil no ha de contradecir usos y costumbres y debe ajustarse a los principios de proporcionalidad, subsidiariedad, accesibilidad y sencillez. Antes de regular vale la pena aplicar la máxima del carpintero "medir dos veces antes de cortar una".