"Abismo". "Golpe". Las palabras se están convirtiendo en un indigesto lugar común en Argentina. La pelea entre el Gobierno peronista y los productores agropecuarios que se resisten a pagar mayores impuestos a las exportaciones no solo paraliza al país con cientos de carreteras cortadas, el desabastecimiento en ciernes y la inflación que roe los bolsillos. La violencia amenaza con agudizar una crisis que ha perdido los canales de negociación.

Días atrás, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, irrumpió triunfalmente para anunciar que parte de la renta agraria que el Estado capta como un gravamen llamado "retenciones" sería destinado a construir hospitales, caminos y viviendas. El conflicto con el campo parecía tener un ganador, el Gobierno. Un diálogo secreto con el adversario, se pensó, terminaría de cerrar las heridas.

Hubo intransigencia por ambas partes y los productores volvieron a los cortes de carreteras. La Gendarmería intentó despejarlas el sábado, mirándose en el espejo de lo que había ocurrido en España. La breve detención del durísimo líder rural Alfredo de Angeli se convirtió en un boomerang: hubo "puebladas levantamientos" en numerosas ciudades de la "Pampa húmeda", donde se concentra el agronegocio, y se retomó la huelga.

CACEROLADAS Los transportistas también volvieron sobre sus pasos a bloquear carreteras. Y, además, por si fuera poco, regresaron las caceroladas de la clase media-alta en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, las ciudades más importantes de Argentina. El ruido de las sartenes y las ollas llegó hasta la misma residencia presidencial, en la localidad bonaerense de Olivos. "Abajo la tiranía", se escuchó gritar allí. "Que se vaya", se exigió, con impostado dramatismo.

Las caceroladas quisieron también tronar en la Plaza de Mayo, frente a la sede del Gobierno. Otra vez, el kirchnerismo, con el expresidente Néstor Kirchner a la cabeza, decidió ocupar ese espacio y convocó a sus seguidores a movilizarse para enfrentar a los conjurados. Luis D´Elia, un expiquetero kirchnerista, llegó a invocar el artículo 21 de la Constitución, el que dice que "todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y la Constitución".

"Tengo miedo a una revolución social, y no se sabe en qué puede acabar esto", dijo el ruralista De Angeli. "Estamos cerca del precipicio", añadió el intendente de Rosario, el socialista Miguel Lifschitz. La oposición acusó a la presidenta, Cristina Kirchner, de represora.