Un tribunal argentino declaró ayer que los indultos que el presidente Carlos Menem otorgó en 1990 a los dictadores Jorge Videla y Emilio Massera son "inconstitucionales" al considerar que las violaciones de los derechos humanos son delitos "imperdonables". La Cámara Federal aseguró que "existe una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y que consiste en investigar, juzgar y sancionar a los responsables" de esos hechos.

Los efectos del fallo son más simbólicos que prácticos. En estos momentos, Videla tiene 81 años. Se encuentra procesado y está bajo arresto domiciliario por el robo de bebés de desaparecidos. Massera, de la misma edad, fue declarado "insano mental".

El presidente Néstor Kirchner venía reclamando a la justicia que se pronunciara sobre los indultos. Un sector de la oposición acusó al Gobierno de presionar a los magistrados. Lo cierto es que el dictamen de la Cámara Federal obliga a la Cámara de Casación (tribunal constitucional) a definirse sobre un tema en el que se ha mostrado esquiva. La última palabra la tendrá el Supremo que, según algunos indicios, se mostraría proclive a la anulación.

Menem intentó con los indultos evitar nuevos juicios y calmar el todavía agitado frente militar.