China relajará la política del hijo único y abolirá los campos de reeducación por trabajo. Las medidas, anunciadas este viernes por la agencia de noticias oficial Xinhua, llegan después del tercer pleno del Partido Comunista de China (PCCh) celebrado en Pekín, y del que los expertos esperaban cruciales cambios. Las dos controvertidas políticas han formado parte del debate ideológico en Pekín durante años y su reforma se venía anunciando y posponiendo una y otra vez.
Pekín permitirá a partir de ahora un segundo hijo si uno de los miembros de la pareja es hijo único. Actualmente la ley sólo lo permite si ambos son hijos únicos, o en las parejas del ámbito rural si el primer descendiente es una niña. La modificación ampliará el espectro sustancialmente.
China aprobó la ley a principios de los años 80, cuando la relación entre población y recursos era muy delicada y el país había sufrido en décadas anteriores las peores hambrunas de la Historia moderna. Más de 30 años después ha cumplido sus objetivos: ahorró al país 400 millones de nacimientos, espoleó la economía, redujo la pobreza y mejoró las condiciones de vida de la mayoría.
Derechos colectivos y derechos individuales
Su éxito se debió a factores puramente chinos como un gobierno que se hace oír en todas las partes del país y una sociedad confuciana que prioriza los derechos de la comunidad frente a los individuales. En sus inicios fue necesaria la coerción para vencer la numantina resistencia y después bastó la persuasion. Los abortos forzados y otros excesos violentos son muy raros en la actualidad. Pero las complicaciones demográficas del país habían generado el debate sobre su abolición. China será el primer país en vías de desarrollo que alcanza el envejecimiento y pende la amenaza de la falta de mano de obra. La población china ha aumentado apenas seis millones en los últimos 15 años, cuatro menos de los 10 planeados por Pekín.
Los campos de reeducación por trabajo o laodong jiaoyang son un sistema extrajudicial que permite encerrar a una persona durante tres años, más otro si hay mal comportamiento. Fue ideado en lo más crudo de las purgas maoístas y muchos discutían su encaje en la China moderna. La mayoría de encerrados son pequeños delincuentes como prostitutas, drogadictos o carteristas, pero hay entre un 5 y un 10 % de presos políticos, como intelectuales, críticos con el sistema o miembros de la secta Falun Gong. Unos 190.000 chinos estaban en alguno de los 320 RTL del país en 2009, según la ONU, mientras 1,6 millones están encarcelados por el sistema penal regular. China Labour Bulletin, una ONG de Hong Kong, eleva el número a 400.000.
Penas más duras
La degeneración del modelo faculta en la práctica a policías y funcionarios a castigar sin molestas intrusiones de abogados ni jueces. Algunos casos recientes han acentuado las críticas hacia los campos. El más célebre fue el protagonizado el pasado año por Tang Hui, condenada a 18 meses por “perturbar seriamente el orden y ejercer un impacto negativo en la sociedad”. Tang llevaba meses exigiendo en los foros públicos penas más duras para los siete hombres que habían secuestrado, violado y forzado a prostituirse a su hija de 11 años. En una encuesta posterior en Weibo, una suerte de Twitter chino, el 97 % de las 13.000 respuestas pedían la abolición del sistema. Incluso el diario oficialista Global Times reconocía que el sistema “tiene lagunas jurídicas que fácilmente desembocan en controversias”.
Las facciones reformistas han pedido durante años su abolición como parte del empuje democrático exigido a los nuevos líderes, mientras los más tradicionalistas subrayaban su contribución a mantener la sociedad armoniosa y defendían que bastaría su reforma para evitar los excesos.
