La inestabilidad institucional ha regresado a Perú. En un país donde todos los presidentes electos tras la caída de Alberto Fujimori hace 19 años han sido encausados por corrupción (Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski) y otro, Alan García, se pegó un tiro para evitar la cárcel, el actual mandatario, Martín Vizcarra, siente que la tierra tiembla debajo de sus zapatos y decidió anunciar la disolución del Congreso.
El mandatario convocó nuevos comicios parlamentarios. La legislatura se encuentra bajo control de la oposición fujimorista, en alianza con los herederos de García, quienes no dudaron en acusar a Vizcarra de llevar adelante un golpe de Estado y respondieron con un proyecto de vacío de poder. Mercedes Aráoz intentaba asumir el cargo como presidenta «encargada» después de que el legislativo suspendiera a Vizcarra por «incapacidad moral». De esta manera, Perú se mira en el espejo venezolano: tiene a Vizcarra en la sede del Poder Ejecutivo y a Aráoz en la legislatura. El diputado Jorge del Castillo llamó a la policía y a los militares a respaldar a la segunda pero los comandantes de las Fuerzas Armadas se han quedado al lado de Vizcarra.
Vizcarra, quien llegó a la presidencia en marzo del 2018 tras la dimisión de Kuczynski, pasó a la ofensiva al advertir que se consumaba la designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) que terminarían empujándolo a una situación similar a la de su predecesor.
Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori -en prisión preventiva por lavado de dinero-, busca copar el tribunal con el respaldo parlamentario. Un cambio en la correlación de fuerzas en el TC podría frenar algunas causas de corrupción sensibles que afectan a los adversarios de Vizcarra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió de los peligros que se ciernen sobre el Constitucional si la oposición avanza por la senda trazada. Vizcarra anticipó que no se quedaría de brazos cruzados. Tras la elección del primer nuevo integrante del TC en un trámite exprés, el presidente comunicó a los peruanos que el actual Congreso no tiene razón de ser. A su vez acusó de «desvergüenza» a una «mayoría parlamentaria» que trabaja «para blindar a los suyos».
La Carta Magna diseñada en 1993 bajo la primera presidencia de Alberto Fujimori establece que si la legislatura rechaza la confianza a dos gabinetes del mismo Gobierno, el Poder Ejecutivo está facultado para disolverlo y llamar a nuevos comicios. Es lo que ha sucedido.
La respuesta del fujimorismo no se hizo esperar. Algunos de sus representantes parlamentarios llevaron adelante la moción de vacío de poder de Vizcarra para que tome la misma medicina que atragantó a Kuczynski. La congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma adujo «la incapacidad moral» del jefe del Estado.
EL PRECEDENTE / En abril de 1992, Alberto Fujimori también cerró el Parlamento dando inicio a una dictadura y 17 años más tarde los simpatizantes del fujimorismo salieron a las calles a defender las instituciones.
Para el diario limeño El Comercio, con la disolución del Parlamento «se concreta uno de los fantasmas que planeó en el ambiente político desde el 2016, cuando el voto popular determinó que los poderes del Estado quedaran repartidos entre distintas fuerzas políticas, anticipando una convivencia que aparecía como un enorme reto democrático para el país pero que, al final, ha terminado rebasándonos».
