El primer varapalo legal al programa de espionaje telefónico de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU, aprobado por el presidente, George Bush, en el 2001, llegó ayer desde Detroit. La juez federal de distrito Anna Diggs Taylor declaró "inconstitucionales" las escuchas sin permisos judiciales y ordenó su cese inmediato y permanente.
La sentencia puede ser recurrida y lo más probable es que el Gobierno intente que la suspensión no se lleve a cabo mientras siga el proceso judicial. No obstante, el fallo de ayer es el primer revés que la Administración sufre en los tribunales respecto a las técnicas de espionaje que aplica en el país desde el inicio de la "guerra contra el terror".
La sentencia es, además, un mazazo para Bush, al que la juez acusa de sobrepasar su capacidad legal como presidente, rechazando los argumentos del Gobierno de que un programa de espionaje a sus ciudadanos entra "dentro de la autoridad" presidencial.
"Nunca fue la intención de los padres de la Constitución dar al presidente tal ilimitado control, particularmente cuando sus acciones se saltan los parámetros establecidos en la Declaración de Derechos", argumentó la juez, que lanzó una invectiva contra Bush: "No hay dinastías de reyes en EEUU y todos los poderes del presidente vienen de la Constitución".
La decisión de Taylor no deja lugar a dudas. Queda "permanentemente prohibido utilizar directa o indirectamente el Programa de Vigilancia de Terroristas de cualquier forma". Esa prohibición "incluye pero no se limita a" interceptar sin permiso judicial conversaciones telefónicas y comunicaciones por internet. Con esta redacción, la juez pone también en el punto de mira recientes escándalos de espionaje ilegal llevado a cabo por EEUU, como el registro de cuentas bancarias.
DERECHO A LA PRIVACIDAD Ese programa de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), según la juez, viola no solo la ley, sino el derecho al libre discurso y a la privacidad y la doctrina de separación de poderes que establece la Constitución estadounidense.
La demanda contra el programa de la NSA la había presentado el 17 de enero la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Lo hizo en nombre de periodistas, catedráticos y abogados que aseguran que el espionaje de sus conversaciones telefónicas con el extranjero --las que se sabe que el Gobierno ha interceptado sin obtener permisos judiciales-- ha dificultado su trabajo, pues muchos de sus contactos fuera de EEUU eran objetivos probables del programa.
Los abogados de la ACLU ayer estaban radiantes. "Al decretar que ni el presidente esté por encima de la ley el tribunal ha cumplido con su deber", declaró Ann Beeson.
