En contra de lo que establece la legislación internacional, los asentamientos judíos en los territorios ocupados palestinos han dejado de ser ilegales para Estados Unidos. Así lo anunció ayer su secretario de Estado, Mike Pompeo, en una decisión que rompe con la postura mantenida por Washington desde hace cuatro décadas y sirve para avalar las políticas expansionistas emprendidas por los sucesivos gobiernos israelís desde que comenzara la ocupación en 1967. «El establecimiento de asentamientos civiles israelís en Cisjordania no es por sí mismo inconsistente con la ley internacional», dijo Pompeo al anunciar el cambio de postura. El anuncio es un clavo más en el féretro de los dos Estados, la fórmula abrazada por la comunidad internacional para solucionar el conflicto.
Desde que llegó al poder en 2016, Donald Trump ha abrazado cada una de las posiciones de la derecha israelí, que ha encontrado en el republicano al mejor aliado en la historia del Estado judío para tratar de alterar el marco legal del conflicto. Primero reconoció Jerusalén como capital de Israel. Más tarde rubricó la anexión del Golán y cerró la representación diplomática de los palestinos en Washington. Ahora le ha tocado el turno a las 140 colonias judías levantadas en Cisjordania y Jerusalén Este para alterar su demografía, asentamientos donde viven unos 700.000 israelís.
La decisión de ayer entierra una opinión legal vigente desde 1978, cuando la Administración de Jimmy Carter concluyó que los asentamientos son «incompatibles con la ley internacional». Eso mismo dice la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe la transferencia de población civil desde la potencia ocupante a los territorios ocupados. Con mayor o menor intensidad, Washington ha mantenido desde entonces que los asentamientos son «ilegítimos» y ha tendido a mostrar su disconformidad cada vez que se expandían. Barack Obama se abstuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU.
