Espoleada por la decisión del Supremo de inhibirse en la demanda sobre los derechos de los detenidos por el 11-S, la Administración de Bush sacó pecho ayer y consideró que el trato dado a los 660 detenidos en Guantánamo es "legal" y "se ajusta al derecho internacional", según declaraciones de William Taft, el principal jurista del Departamento de Estado.

"El trato brindado a los detenidos de Guantánamo es totalmente ajustado a las normas vigentes para el trato deparado a los individuos capturados en tiempos de guerra", escribió el abogado en Financial Times.