El espacio de libre circulación de Schengen nació en 1985 cuando cinco Estados miembros -Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda- decidieron suprimir los controles fronterizos internos. Veinticinco años después son 26 los países del continente europeo que integran esta gran zona -22 de la UE a los que se suman Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega- que junto al euro se ha convertido en uno de los logros más visibles de seis décadas de integración europea.
Según las normas que rigen este espacio, las autoridades policiales pueden realizar controles temporales en los pasos fronterizos pero solo en base a una posible amenaza a la seguridad pública o sospechas de delincuencia transfronteriza y durante un tiempo limitado.
La llegada de un millón de refugiados en 2015, y el temor a que los terroristas procedentes de Siria se colaran a través de Grecia o la ruta de los Balcanes occidentales para llegar al continente europeo, puso por primera vez contra las cuerdas la supervivencia de este espacio porque fueron muchos los países que decidieron restablecer los controles.
Intercambio de información
Bruselas respondió con propuestas para reforzar el intercambio de información, fomentar la confianza mutua entre estados y dar más poder a la agencia europea para el control de las fronteras exteriores. El debate, sin embargo, volvió a resurgir con fuerza a comienzos de este año, con la irrupción del coronavirus, que llevó a 17 países a restablecer los controles internos para frenar la propagación de la pandemia.
Actualmente hay 8 países que los mantienen, cuatro por el covid19. Otros seis debido a la situación en las fronteras exteriores y la amenaza terrorista como es el caso de Suecia, Austria, Noruega o Francia.
