No sabía que iba a ser su último vuelo como hombre libre. Juan Alberto Poch, teniente de fragata retirado de Argentina, fue detenido ayer en el aeropuerto de Manises (Valencia) minutos antes de pilotar un vuelo de bajo coste con destino a Amsterdam. Argentina le reclama por estar presuntamente implicado en los llamados vuelos de la muerte que costaron la vida a más de 1.000 argentinos durante la dictadura militar (1976-1983). Poch se nacionalizó holandés tras dejar la Armada argentina, donde trabajó como aviador naval con base en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se sedaba a los detenidos y se les arrojaba vivos al mar.

El exmilitar argentino no abandonó su profesión cuando regresó a la vida civil y trabajaba en la línea de bajo coste Transavia, perteneciente al consorcio Air France-KLM. Habitualmente comandaba la ruta Amsterdam-Valencia-Amsterdam.

El grupo de localización de fugitivos de la policía nacional en colaboración con los agentes de Valencia identificó al exmilitar y decidió detenerle durante una escala de 40 minutos en Valencia. Antes, los agentes habían localizado a otro piloto para el vuelo a fin de causar el menor número de problemas al pasaje.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, en funciones de guardia, delegó en su colega de Quart de Poblet (Valencia) la puesta a disposición judicial del exmilitar. La jueza decretó su ingreso en prisión incondicional. Ahora, la Audiencia Nacional iniciará el proceso para extraditarle a Argentina, que le reclama por estar presuntamente implicado en cuatro sumarios.

En Buenos Aires, el juez federal Sergio Torres considera al exteniente uno de los eslabones de la cadena del crimen que se organizó en la ESMA. De allí salieron los aviones que arrojaron al Río de La Plata y al mar a miles de presos políticos. Por estos hechos fue condenado en España el exteniente Adolfo Scilingo. La captura de Poch es fruto de la colaboración judicial entre Argentina y Holanda. El represor nunca imaginó que un día podía ser detenido. Se sentía tan ajeno a la reapertura de las causas judiciales en su país, tras la anulación de las leyes de impunidad, que solía jactarse de sus acciones.

SIN COMPASION Los propios compañeros de trabajo de Poch le escucharon contar cómo los cautivos eran drogados antes de ser lanzados desde el aire, y así se lo hicieron saber al juez Torres. En la ciudad de Amestelveen, el juez y su secretario, Pablo Yadarola, obtuvieron el testimonio de un piloto de Transavia, quien declaró que Poch justificó esas prácticas asegurando que "se trataba de terroristas". El mismo testigo dijo haberse "enojado fuertemente porque uno no puede imaginar cosas tan terribles". Pero Poch no mostraba arrepentimiento ni compasión por las familias de las víctimas. "No se deben quejar porque sabían que sus hijos y sus esposos eran terroristas", dijo.