Tres de los secuestradores de una lancha cubana de pasajeros, que el pasado 2 de abril intentaron huir con unos 50 rehenes a Estados Unidos, fueron ejecutados ayer en La Habana. El Gobierno cubano ha querido cortar de cuajo el rosario de secuestros de aviones y embarcaciones que se estaban repitiendo desde hace unas semanas en la isla, haciendo caso omiso a la reprobación internacional que ha suscitado el recrudecimiento de la represión. Entre la comisión del delito y las ejecuciones han transcurrido sólo nueve días.
Otras cuatro personas que participaron en los mismos hechos fueron condenadas, una a cadena perpetua, otra a 30 años de prisión y tres más a penas de entre dos y cinco años. Los fusilamientos han roto una moratoria no explícita que el régimen de Fidel Castro estaba aplicando de facto desde mediados del 2000, tras una década en la que hubo, oficialmente, pocas ejecuciones.
Enrique Copello Castillo, Barbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, "los tres principales, más activos y brutales jefes de los secuestradores", fueron ajusticiados al amanecer, señaló el comunicado divulgado por la televisión cubana. En Cuba las ejecuciones se llevan a cabo por fusilamiento.
En la madrugada del 2 de abril, los condenados, armados con una pistola y cuchillos, secuestraron una de las lanchas que recorre la bahía habanera, con unos 50 pasajeros a bordo, con la intención de llegar a Estados Unidos. A unos 350 kilómetros de la costa cubana se quedaron sin combustible y fueron alcanzados por los guardacostas, que los convencieron para regresar al puerto de Mariel, donde una operación policial supervisada por Castro puso fin al secuestro y liberó ilesos a los rehenes tras casi 50 horas de tensión.
TIEMPO RECORD
En un tiempo récord, los detenidos fueron puestos a disposición del juez y sometidos a un juicio sumarísimo que finalizó el día 8. El tribunal consideró que los hechos "constituían graves delitos de terrorismo" y dictó sentencia. Los condenados apelaron ante el Tribunal Supremo que ratificó la sentencia, igual que hizo después el Consejo de Estado (organismo que Castro preside) que las consideró "absolutamente justas" y acordes con las leyes.
El Departamento de Estado de EEUU reaccionó con diligencia a las noticias de La Habana. El secretario de Estado adjunto Dan Fisk afirmó que "las ejecuciones revelan la naturaleza del tiránico régimen y de los tribunales arbitrarios que caracterizan a Cuba".
