Multas de entre 50.000 y hasta 1 millón de euros a los medios de comunicación que divulguen el contenido de las escuchas telefónicas ilegales y prohibición de utilizarlas como prueba en los procesos judiciales. Son los dos puntos más destacados del decreto de ley aprobado ayer de forma urgente por el Gobierno italiano, una rápida reacción al escándalo destapado por la Fiscalía de Milán con el descubrimiento de centenares de teléfonos pinchados por altos cargos de la operadora Telecom Italia, vinculados con directivos del contraespionaje italiano (SISMI).
El decreto, que entrará hoy mismo en vigor, establece que será multado quien tenga en su poder material de este tipo. "El objetivo es evitar que la podredumbre se extienda", declaró el jefe del Gobierno italiano, Romano Prodi. "Esta norma da seguridad a los italianos", agregó.
