La principal organización gremial de jueces de Chile ha pedido este miércoles por primera vez perdón por sus "acciones y omisiones" durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en medio del debate generado por la próxima conmemoración del 40 aniversario del golpe de Estado.

"El Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal", ha señalado en un comunicado la Asociación de Magistrados del Poder Judicial.

Este gesto se suma a distintas declaraciones de condena a las violaciones de derechos humanos y a peticiones de perdón hechas por políticos de derecha, como el ministro del Interior Andrés Chadwick o el senador Hernán Larraín, que fueron partidarios del régimen.

"Nuestra judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que nos honran, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención", han indicado los magistrados.

Negativa sistemática

La Asociación ha recalcado que "el Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más", y ha puesto como ejemplo el rechazo de miles de recursos de amparo en los tribunales, la negativa sistemática a investigar los hechos y la renuencia a acudir personalmente a centros de detención y tortura.

"Estimamos que ha llegado la hora de pedir perdón", ha declarado la Asociación, que ha invitado a la Corte Suprema a realizar también una autocrítica por sus actuaciones y omisiones y por no dispensar a las víctimas "la protección jurisdiccional que tanto le fue reclamada".

Asesinatos y torturas

Durante la dictadura, unas 3.200 personas fallecieron y 38.000 sufrieron prisión política o tortura.

El régimen militar, que se prolongó por 17 años, contó no solo con el apoyo de las Fuerzas Armadas sino también con la anuencia de influyentes sectores civiles, entre ellos el Poder Judicial, poderosos grupos empresariales y varios medios de comunicación.