El Gobierno de Tony Blair ha puesto ya en marcha la primera medida para luchar contra el extremismo islamista tras los atentados de Londres. El Ministro de Interior británico, Charles Clarke, presentó ayer una lista de "comportamientos inaceptables", entre los que se encuentra la justificación del terrorismo, que supondrá la expulsión del país, o la prohibición para entrar de ciudadanos extranjeros.
La medida, dirigida a imanes radicales y extremistas religiosos que viven como refugiados en el Reino Unido, ha sido publicada después de que se anunciara hace tres semanas.
WEBS, DISCURSOS Y SERMONES A partir de ahora, el Gobierno concretará sus esfuerzos en localizar, para su posterior expulsión, a aquellos extranjeros que, a través de páginas web, en discursos e incluso en sermones, inciten a la violencia terrorista.
Clarke insistió en que esta norma no supone un ataque a la libertad de expresión o el debate religioso: "Este país está muy orgulloso de su diversidad y tolerancia, y no vamos a permitir que extremismos de ningún tipo acaben con ello".
El Gobierno cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición, aunque grupos de derechos humanos han denunciado que las expulsiones de extranjeros a sus países de origen pueden suponer su tortura e, incluso, su ejecución.
Las medidas entrarán en vigor de inmediato, ya que no necesitan ser aprobadas por el Parlamento. Sin embargo, los procesos de expulsión tendrán que ser aprobados por los tribunales, que los han estado rechazando amparándose en la Convención de Derechos Humanos.
Para agilizar los procesos, Londres ha negociado con Jordania, Argelia, Libia y Túnez para que se comprometan a tratar a los deportados correctamente.
Por otra parte, el diario The Guardian reveló, citando fuentes policiales, que los terroristas que atentaron el 7-J detonaron sus bombas manualmente, lo que confirma que eran kamikazes.
La delegación brasileña sobre la muerte de Jean-Charles de Menezes, acribillado por la policía en el metro, advirtió de que "alguien debería ser considerado culpable" tras la investigación, y que "el Gobierno de Brasil merece algunas respuestas".
