El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha movilizado a las milicias populares para apoyar las medidas tomadas por el Gobierno en contra de la supuesta especulación y los altos precios y que ha supuesto la intervención de Daka, una importante cadena de electrodomésticos del país, para obligar a la empresa a venderlos a "precios justos". "Sale la Milicia nacional a la calle, también, poder popular y milicia a reforzar a las autoridades civiles, militares, policiales", ha señalado Maduro en un Consejo de Ministros transmitido por televisión.

El anuncio del dirigente chavista, a un mes de las elecciones municipales del 8 de diciembre, se produce tras los episodios de tensión que se han vivido en las largas colas que miles de venezolanos han hecho ante los establecimientos de electrodomésticos intervenidos para hacerse con alguno de estos productos con los precios rebajados. La presencia de militares custodiando estos negocios no ha impedido que se produjeran algunos incidentes, que Maduro ha achacado a la oposición., a la que ha acusado de infiltrar en las colas a gente para generar violencia. "La derecha fascista en dos reuniones decidió lo mismo: salir a infiltrar las colas para generar violencia, muy desesperados", ha dicho antes de acusar directamente al líder de la oposición, Henrique Capriles.

28 detenidos y dos empresarios imputados

La fiscala general de Venezuela, Luisa Ortega, ha informado que hay 28 detenidos en el marco de esta ofensiva contra la "especulación" lanzada este fin de semana por el Gobierno. Además hay 10 órdenes de captura y temporalmente están ocupados "tres negocios" hasta que aclaren algunos aspectos sobre la fijación de precios. Igualmente, la justicia ha imputado ha imputado a dos gerentes de una sucursal de Daka por estar presuntamente vinculados en el remarcaje de precios y cobro excesivo de artículos. En este ámbito, Maduro ha ordenado la creación de "tribunales especiales" para combatir "la usura" y el "robo descarado".

La Milicia Bolivariana fue creada en 2005 por decreto presidencial y está formada por la milicia territorial, definida como el "pueblo en armas", y los "cuerpos combatientes", integrados por miembros de instituciones públicas, universidades o empresas, como la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esa figura ha sido siempre criticada por la oposición por considerar que supone colocar armas en manos de colectivos que no pertenecen ni a la Fuerza Armada ni a la Policía.

Peligro de desabastecimiento

En las últimas horas, la algarabía de las primeras horas ante las tiendas de la cadena ocupada por el operativo gubernamental se ha convertido en frustración a medida que los clientes que habían esperado durante horas veían cómo se iban agotando las existencias y solo quedaban los productos más caros.

Maduro, que a última hora del lunes, ratificó su decisión, ha negado que se pueda producir un desabastecimiento de productos como consecuencia de la salida a precios reducidos de los bienes intervenidos. "Tenemos pleno control sobre almacenes, abastecimiento y garantizamos por todas las vías que todos los rubros que vamos a regularizar tendrán su reposición y su flujo natural", ha asegurado.

El presidente ha avanzado que ampliará su campaña contra la especulación al terreno de los alimentos, textil y calzado, juguetes y vehículos. "Vamos a conseguir la bajada general de todos los (precios de los) productos que se hacen en el país", ha señalado. Maduro ha vinculado todas estas medidas a los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional para, en teoría luchar contra la corrupción.

Denuncias de los empresarios

Los principales gremios empresariales de Venezuela han rechazado la forma elegida por el Gobierno para contener las alzas de precios, han advertido de que los precios "no se decretan" y han llamado a respetar la "propiedad privada". "Está muy bien que se fiscalicen los comercios, pero dentro del marco del respeto a la propiedad privada", ha destacado el presidente de Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Mauricio Tancredi.

A las críticas de Consecomercio se ha sumado el mayor gremio empresarial del país, Fedecámaras, cuyo presidente, Jorge Roig, ha denunciado una "cacería de brujas en el sector comercial" y ha llamado a la "reflexión" sobre "la gravedad de la situación económica". "Todas estas medidas, que lo que pretenden es tener más represión, mas confiscación, más expropiación de empresas, por supuesto que están alejando a los posibles agentes económicos y lo que es previsible es que haya mayor desabastecimiento y mayor inflación el próximo año", ha denunciado Roig.