El Tratado de Lisboa incluye una reforma institucional para agilizar el funcionamiento de la UE, reforzar los derechos de los ciudadanos e incrementar su democracia interna. Entre otras cosas, crea la figura de un presidente estable de la UE, simplifica la toma de decisiones, reduce el derecho a veto de los estados y amplia los poderes del Parlamento Europeo.
