Han hecho falta más de una década de campaña de la sociedad civil, seis años de negociaciones diplomáticas y cinco días desde que Irán, Corea del Norte y Siria intentaron bloquearlo, pero el primer Tratado sobre Comercio de Armas que establece un conjunto de reglas para las transferencias mundiales de armas y municiones convencionales ha sido aprobado en Naciones Unidas.

El documento ha sido adoptado este martes en la Asamblea General con 154 votos a favor, tres votos en contra y 23 abstenciones, incluyendo la de varios países latinoamericanos y Rusia, uno de los mayores exportadores de armas de una industria que mueve cerca de 55.000 millones de euros anuales y que se identifica como uno de los principales combustibles de conflictos. Se abre ahora un proceso en el que, a partir de junio, las naciones deberán ratificarlo individualmente. Cuando lo hagan 50 el tratado entrará en vigor.

Obligaciones y dudas

El pacto obliga a desarrollar una serie de criterios que impidan la venta de armas cuando estas tengan el potencial de vincularse a abusos de derechos humanos, terrorismo, crimen organizado o violaciones del derecho humanitario. Asimismo, veta las ventas de armas que puedan poner en peligro a mujeres y niños y si hay un riesgo de que los países compradores las vayan a emplear para crímenes de guerra.

La aprobación ha sido calificada de “momento increíble” por grupos como Oxfam, que asociados en una coalición han estado peleando durante más de una década para conseguir la luz verde. Y aunque aún quedan retos (el rechazo de Irán al acuerdo y la abstención de Rusia, por ejemplo, permiten augurar que continuará el flujo de armas hacia Siria) se aplaude como un paso importante.

“Hoy las naciones aplican embargos de armas en respuesta a crisis humanitarias solo cuando ya ha habido masivas pérdidas de vidas. El tratado prohibe la venta de armas en primer lugar”, ha dicho Raymond Offenheiser, presidente de Oxfam en Estados Unidos. Precisamente en EEUU, otro de los principales exportadores de armas, está por ver que el Congreso apruebe la ratificación del Tratado.