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Convulsión en el continente sudamericano

Piñera, acosado por graves denuncias y la presión social

La policía militar está acusada de violaciones de los derechos humanos. El presidente de Chile se ve desbordado ante las demandas de la calle

 

Un agente de policía usa un espray de pimienta contra los manifestantes, ayer en Valparaíso. - REUTERS / RODRIGO GARRIDO

ABEL GILBERT
27/11/2019

Chile volvió a sacudirse ayer por una nueva huelga general que exige un país más equitativo y una nueva institucionalidad. Las paralizaciones, marchas, barricadas y cortes de carreteras coincidieron con las denuncias de Human Rights Watch (HRW) de «graves violaciones de derechos humanos» cometidas por los Carabineros, la Policía militarizada. José Miguel Vivanco, el director del organismo, entregó al presidente Sebastián Piñera su demoledor informe en el que advierte de que «está comprometida la seguridad ciudadana», el mismo día en que esas conclusiones se confirmaban en Santiago y otros grandes centros urbanos.

HRW detectó un «uso excesivo de la fuerza», «palizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes». Vivanco ha sido hasta ahora más afortunado que Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Chile, quien días atrás, tras hacer comprobaciones similares a las de HRW, recibió una amenaza de muerte en su correo electrónico.

PÉRDIDA DE POPULARIDAD / El presidente, cuya popularidad ha caído al 12%, oscila entre el reconocimiento de esa realidad descrita (ha prometido que no habrá «impunidad») y una fuga hacia adelante. En medio de la huelga general y el informe de HRW, Piñera remitió al Senado un proyecto de ley que otorga más facultades a las Fuerzas Armadas para «cuidar» la infraestructura crítica del país sin necesidad de decretar el estado de excepción. Los militares resguardarán hospitales, los servicios de agua, luz y comunicaciones para, de esta manera, liberar de esa responsabilidad a los Carabineros, la fuerza que está en el ojo de la tormenta: hay 442 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra los uniformados. En este contexto se desplegó la huelga. La plaza de Baquedano de Santiago, bautizada «de la Dignidad» desde que se inició el estallido social el 18 de octubre, reunió a una multitud que intentó acercarse pacíficamente al Palacio de la Moneda, la sede del Ejecutivo. Las columnas fueron recibidas con chorros de agua y gases lacrimógenos por los carabineros que, de acuerdo con HRW, utilizan de manera «indiscriminada» e «indebida» las «armas y escopetas antidisturbios».

Los manifestantes reclamaron al Gobierno de derechas soluciones para enfrentar las desigualdades sociales, entre otras cosas, un salario mínimo y pensiones de 500.000 pesos (unos 600 euros). Según una encuesta elaborada por la Fundación Instituto de Estudios Laborales y Marketing Opinion Research Internacional, el 94% de los consultados dice que los trabajos en Chile son muy mal pagados.

Piñera prometió una agenda social e impulsar la reforma de la Constitución para apagar el fuego de la conflictividad social. Pero al presidente se le ha abierto otro frente de tormenta. La Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) aseguró que no existen garantías para la circulación de camiones en el país. El gremio contribuyó en 1973 de manera decisiva al derrocamiento de Salvador Allende. Hoy, como ayer, exige orden. «Los carabineros están paralizados y desbordados... Es inminente nuestra paralización. No porque la queramos, sino porque las carreteras de Chile están siendo tomadas impunemente». Por este camino «no habrá aprovisionamiento de mercancías, medicamentos y otros bienes, esenciales para la vida diaria de los chilenos. No habrá exportaciones, ni importaciones, ni movimiento de personas (…) es algo que llevaría al caos al país en pocos días», dice la nota de este sector.