Siete años de prisión e inhabilitación a perpetuidad de cualquier cargo público. El Tribunal de Milán, formado por tres juezas, condenó ayer a Silvio Berlusconi de los delitos de abuso de poder e inducción a la prostitución de menor en el llamado caso Ruby . Varias manifestaciones de solidaridad con el exprimer ministro y de aplauso a las juezas se produjeron inmediatamente en varias ciudades de Italia. Otras han sido anunciadas para hoy.

La condena en primera instancia de Berlusconi, que será recurrida en apelación, no debería repercutir sobre la vida del Gobierno de coalición de Enrico Letta, apoyado por los conservadores, según repitieron ayer la mayoría de los líderes del centroderecha. Aun así, todos criticaron la sentencia y con toda probabilidad provocará algún tipo de repercusión política.

En un comunicado, Berlusconi dijo que se había dictado "una sentencia increíble, de una violencia nunca vista ni escuchada antes, para intentar eliminarme de la vida política de este país". Y añadió: "Es una ofensa a todos los italianos que han creído en mí. Pero, una vez más, pretendo resistir a esta persecución porque soy absolutamente inocente y no quiero de ningún modo abandonar mi batalla para hacer de Italia un país de verdad libre y justo".

La sentencia, emitida tras ocho horas de deliberaciones, condena también a Berlusconi a pagar los costes y ordena el envío de las actas del proceso a la fiscalía para que decida si las dos docenas de jóvenes que frecuentaban a Berlusconi en la época mintieron al tribunal.

El veredicto impone también el envío de las actas al colegio de abogados, para que evalúe la deontología de uno de los defensores, que entregó dinero a una testigo durante el proceso.

La sentencia recoge como probadas las tesis de la fiscalía, según las cuales el entonces primer ministro mantuvo relaciones sexuales con Karima el Mahroug, alias Ruby , que en la época de los hechos le faltaban ocho meses para ser mayor de edad.

Poco tiempo después, según la sentencia, Ruby fue detenida por robo y Berlusconi presionó a los funcionarios de una comisaría para que la entregasen a una amiga y amante del político en lugar de confiarla a los servicios sociales como reclamaba la jueza de menores de turno.

La fiscalía deberá también evaluar si los funcionarios italianos mintieron en aquella ocasión.

DIMISION Por otra parte, la dimisión de la ministra italiana de Igualdad, Deporte y Juventud, Josefa Idem, también sacudió ayer el Gobierno de Enrico Letta. La antigua campeona olímpica está envuelta en un escándalo fiscal por no haber pagado el impuesto sobre bienes inmuebles de un gimnasio que posee en Rávena y donde tenía fijada su residencia, aunque vivía con su familia en otro edificio de su propiedad.