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vuelve la inyección letal

Trump reactiva la pena de muerte para casos federales

EEUU solo ha aplicado tres veces el máximo castigo desde 1988. Las ejecuciones se reiniciarán en diciembre tras 16 años de moratoria

 

IDOYA NOAIN
26/07/2019

El Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump anunció ayer que volverá a aplicar la pena de muerte en casos federales, un castigo que el gobierno de Estados Unidos únicamente ha aplicado tres veces desde que se reinstauró su constitucionalidad en 1988 y que había estado suspendido en una moratoria informal desde el 2003, fecha de la última de esas tres ejecuciones.

«Debemos a las víctimas y sus familias cumplir la sentencia impuesta por nuestro sistema judicial», declaró el fiscal general, William Barr, que ya ha dado instrucciones al Departamento de Prisiones para organizar cinco ejecuciones entre el 9 de diciembre y el 15 de enero en la prisión de Terre Haute (Indiana). Actualmente, según datos del Centro de Información de la Pena de Muerte, hay 63 reos en el corredor de la muerte federal.

Los señalados para ser ejecutados, según detacó Barr en un comunicado, han agotado sus recursos judiciales y están «condenados por asesinar y en algunos casos torturar y violar a los más vulnerables de la sociedad: niños y ancianos». El horror de los casos por los que fueron sentenciados a muerte está descrito en detalle en la nota de Justicia y aunque la brutalidad de los crímenes da alas a los defensores de la pena máxima para justificar la decisión del gobierno de Trump, esta reactiva una vez más el debate sobre la pena de muerte en EEUU. La pena de muerte está abolida en 21 estados y en Washington DC y está sujeta a moratorias emitidas por gobernadores en cuatro estados más. Es un castigo que desde los años 90 ha ido perdiendo progresivamente apoyo entre la población de EEUU pero cuyo respaldo ha vuelto a repuntar ligeramente desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, según datos del centro Pew.

LOS DEMÓCRATAS / La abrumadora mayoría de candidatos demócratas a la nominación para las elecciones presidenciales del 2020 apoyan la abolición de la pena de muerte. Y una de las más contundentes al expresar el rechazo a la reactivación de la pena de muerte dictaminada por Trump fue ayer la senadora Kamala Harris, que en su época como fiscal estatal en California se opuso a su uso. Harris escribió que «la pena capital es inmoral y profundamente fallida. Se ha matado a demasiados inocentes. Necesitamos una moratoria nacional, no una resurrección». También el senador Bernie Sanders expresó su rechazo en la red social y prometió abolir la pena de muerte si llega a la Casa Blanca. «Hay suficiente violencia en el mundo, el gobierno no debería sumar», escribió.

La reactivación de las ejecuciones federales con Trump será posible gracias a un cambio en el protocolo que reemplaza el polémico cóctel de tres fármacos con que se aplicaba antes la inyección letal por el uso exclusivo de pentobarbital. Ese cambio ya se ha empezado a aplicar en algunos estados que han buscado alternativas tras numerosos casos de ejecuciones agónicas.

Aunque el Tribunal Supremo declaró tanto en 2008 como en 2015 que la inyección letal no viola la octava enmienda de la Constitución, que prohíbe un castigo «cruel e inhumano», varias compañías farmacéuticas han dejado en los últimos años de proveer componentes a las prisiones y se ha estado experimentado con nuevas fórmulas, incluyendo la de usar únicamente el pentobarbital. El potente barbitúrico, que según los datos facilitados ayer por Justicia se ha usado en más de 200 ejecuciones en 14 estados desde 2010, se empleó por primera vez como elemento único de una inyección letal en Ohio en 2011. Aquel mismo año la Unión europea prohibió su exportación a EEUU en aplicación de las normativas contra la tortura.