Las nuevas autoridades de Túnez emergidas de la revolución del jazmín no quieren que el exdictador Zine el Abidine Ben Alí acabe sus días en Arabia Saudí sin que haya caído sobre él el peso de la justicia. El Gobierno tunecino ya ha pedido la colaboración de la Interpol para detener al derrocado jefe del Estado, a su esposa, Laila Trabelsi, y a otros miembros de su familia.
"Vamos a pedir a la Interpol que encuentre a todos aquellos que han huido para que sean juzgados en Túnez", aseguró el ministro de Justicia, Lazhar Karuni Chebbi. Este responsable tuvo que afrontar ayer la ira de los revolucionarios cuando fue increpado por varios manifestantes durante una rueda de prensa exigiendo la liberación de todos los prisioneros políticos.
En la ciudad, después de varios días de protestas pacíficas para demandar una purga total del Gobierno de responsables del antiguo régimen, las marchas se tornaron violentas, y los antidisturbios se vieron obligados a emplear de nuevo gas lacrimógeno contra los congregados.
Una de las grandes incógnitas que resta por desvelar es averiguar qué acogida darán los manifestantes a los cambios que el presidente, Fuad Mebazaa, introducirá en el Ejecutivo para calmar la ira popular. Tres sindicalistas, un opositor y un miembro del depuesto régimen optaron por salir del Ejecutivo. Además, se espera que sean relevados otros ministros nombrados durante la época de Ben Alí y cuya salida exigen los más radicales de los revolucionarios.
"Solo tenemos una demanda: que caiga el Gobierno, todos se deben ir, Ganuchi el primer ministro el primero", dijo Bassem el Baruni, un joven tunecino entre los centenares de personas que acamparon por tercera noche consecutiva bajo las mismas ventanas de la oficina del propio jefe del Gobierno.
