El Gobierno conservador de Silvio Berlusconi, que ganó las recientes elecciones italianas esgrimiendo la seguridad, no solo afronta ahora los incendios sociales que ha prendido con el arresto de golpe de casi 400 inmigrantes, algunos con antecedentes y otros sin papeles, y el anuncio de severas medidas contra la inmigración clandestina y el crimen callejero. También se le han declarado incendios políticos fuera de sus fronteras, en especial en Madrid.
El Gobierno español no dudó en lanzar una feroz crítica --aguada horas después por la diplomacia y por el propio presidente Zapatero-- a las medidas adoptadas por el Ejecutivo italiano. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega cargó contra "las acciones que exaltan la violencia, el racismo y la xenofobia". "El Gobierno español no comparte la política de expulsiones de Italia, porque no respeta la ley ni los derechos de los inmigrantes", aseguró De la Vega, e insistió en que la inmigración es un fenómeno "necesario" y positivo si se acomete con orden y legalidad. "Hay mecanismos legales distintos a los utilizados en Italia para combatir la inmigración ilegal", concluyó.
NADA DE "LECCIONES" Las duras acusaciones de De la Vega levantaron ampollas en Roma. Entre la catarata de respuestas destaca la del portavoz del Partido Republicano --aliado de Berlusconi-- Riccardo Bruno, que vio "paradójico" que España quiera dar "lecciones". "Nosotros no tenemos a la Guardia Civil que dispara contra los inmigrantes, como ocurrió en el 2005 en Ceuta".
Así las cosas, la diplomacia española se empleó a fondo para rebajar el impacto de las palabras de la vicepresidenta, informa Pilar Santos desde Lima. El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, llamó al embajador italiano en Madrid para aclarar que las críticas de Fernández de la Vega no iban dirigidas a los decretos que prepara el Gobierno italiano, sino "solo a los ataques racistas a los campamentos". Los dos ministros de Exteriores, Miguel Angel Moratinos y Franco Frattini, mantuvieron un breve encuentro. "Ambos están de acuerdo en que ha sido un malentendido. Todos los gobiernos europeos están por luchar contra la inmigración ilegal con la ley en la mano", aseguró un portavoz español de Exteriores. "Esto no llega ni a incidente", zanjó José Luis Rodríguez Zapatero, mientras Frattini se daba por "satisfecho" con las explicaciones recibidas.
LA UE, CON "MUCHA ATENCION" La Comisión Europea sigue con "mucha atención" la actuación de las autoridades italianas, pero no intervendrá mientras Roma no adopte una ley que vulnere claramente el derecho europeo. En Italia, el papa Benedicto XVI y otras voces de la Iglesia salieron al paso de la furia ciudadana que ha destruido asentamientos de gitanos. "Es necesario acoger a los hermanos inmigrantes, que normalmente proceden de países pobres", dijo el Papa, mientras en Nápoles la policía salvaba a cientos de gitanos del linchamiento.
Mientras Frattini pedía "una revisión necesaria" de las fronteras del espacio europeo de libre circulación de Schengen, el ministro del Interior por la Liga Norte, Roberto Maroni tuvo que apaciguar los ánimos, afirmando que "ha llegado el momento de intervenir con firmeza para evitar que la rabia prevalezca por encima de las reglas de la convivencia civil y se puedan repetir episodios de injustificable violencia". Pero añadió que "el Gobierno ha recibido un claro mandato de los electores para garantizar la seguridad en primer lugar".
Su colega de Defensa, Ignacio La Russa, apretó más las tuercas al anunciar que se cambiará la denominación de los centros de acogida por la de centros de identificación y expulsión.
