No es solo Philip Alston quien estos días obliga a Estados Unidos a mirar de frente a la pobreza y a entender toda su dimensión y sus efectos. En 30 estados del país y en Washington está en marcha la Poor People’s Campaign, un movimiento ciudadano liderado por los reverendos William Barber y Liz Theoharis que ha recogido y actualizado la herencia de la campaña del mismo nombre que lanzó en 1968 Martin Luther King (MLK) unos meses antes de ser asesinado.

King nunca pudo ver cómo se desarrollaba aquel proyecto, ni el alzamiento de Resurrection City en el Mall de Washington, un campamento donde llegaron a vivir unas 3.000 personas (que vieron pasar camino al cementerio de Arlington el ataúd de Bobby Kennedy, el candidato presidencial que también les apoyaba). Pero tampoco vio las tensiones y dificultades que plagaron aquel empeño, hasta físicamente enfangado en el lodo de las lluvias, ni topó con las puertas cerradas de los congresistas.

Hoy las cosas son distintas. Más de 100 organizaciones se han sumado a la campaña, que ha añadido a su nombre la «llamada a un renacimiento moral». El 14 de mayo abrieron 40 días de acciones, que culminaron ayer en una gran manifestación en Washington. Cada lunes han llevado a cabo actos de desobediencia civil en capitolios de 30 estados, centrados en temas de la campaña, desde el combate del racismo sistémico a la lucha contra la devastación ecológica, la oposición al militarismo y la economía de guerra, y por supuesto, la pobreza y la desigualdad. Ha habido también charlas, actos culturales, debates y servicios religiosos. Y aunque la inmensa mayoría de la prensa generalista nacional ha mirado hacia otro lado, hace unos días ellos sí lograron que les abrieran las puertas en Capitol Hill.

La senadora Elizabeth Warren organizó una sesión donde se escuchó no solo a Barber, sino a gente como a Nick Smith, una mujer blanca de Virginia Occidental que les contaba las malas condiciones económicas, ambientales y sanitarias en la zona minera donde vive, o Paloma Sue Rush, una mujer negra que vive en una zona rural de Alabama, trabaja a jornada completa por un sueldo bajo, vive en una casa llena de moho que consiguió con un préstamo abusivo y debe viajar kilómetros para llevar a su hija hasta una ciudad para que reciba tratamiento médico. «La gente no debería vivir como yo vivo», decía.

Warren y otros congresistas demócratas progresistas como Bernie Sanders, Kamala Harris y Cory Booker enviaron también una carta a Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, pidiendo una respuesta al informe de Alston. Urgen al gobierno a presentar al Congreso un plan para combatir los «horrendas condiciones» que retrata el documento del relator especial de la pobreza. Y piden también, como hace Alston, que Washington incluya por fin como derechos humanos «protecciones contra morir de hambre, contra la falta de acceso a atención médica o contra crecer en un contexto de privación total».

La respuesta de la Administración Trump llegó el jueves precisamente de boca de Nikki Haley, quien sostuvo que el informe de Philip Alston es «engañoso». «Está redactado por motivos políticos -dijo la embajadora en la ONU- contra el país más rico y más libre del mundo». «Compárese la situación con otros países donde sus gobiernos abusan de los Derechos Humanos y causan dolor y sufrimiento de manera completamente consciente», añadió.