Los propietarios de las viviendas de Gestyona en Nuevos Bodegones ya tienen las llaves de sus pisos. Ayer se puso fin a uno de los asuntos más enredados de la capital extremeña en los últimos meses, cuando las 106 familias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas ayer en un acto celebrado en Centro Cultural Alcazaba. Miguel Valdés, delegado de alcaldía, afirmó que el ayuntamiento se siente "muy satisfecho", pues cuando el PP entró en el Gobierno local se encontraron con "una situación muy delicada" en lo que a la entrega de estos pisos se refiere.

Valdés recordó la problemática entre las cinco entidades participantes en la puesta en marcha de estos hogares, que calificó como "una tragedia en la que había muchos actores, cada uno de ellos con sus intereses, que a menudo confrontaban entre sí", aunque finalmente pudo desbloquearse la situación para finalizar las obras de urbanización y poder entregar así unas viviendas que llevan finalizadas cinco meses.

El gerente de Gestyona, Juan Carlos Cotallo, quiso agradecer la manera de "llevar las cosas con la prontitud que merecía la situación" del ayuntamiento y su labor, que calificó de "inmejorable". También destacó la "paciencia y confianza" de los propietarios, que demostraron creer en Gestyona al no reclamar casi ninguna familia el dinero ya entregado, según explicó Cotallo. El gerente, que confesó que "hemos pasado las de Caín" con la difícil situación, anunció que en el servicio de jardinería "se ha perdido todo" pues no tenían agua para regar y mantener lo plantado. A pesar de todo en breve se volverá a plantar y solucionarán "las deficiencias según vayan surgiendo". Además, Cotallo asegura que desde el día 15 de agosto hasta octubre se contratará a un responsable que atenderá personalmente a los propietarios y escuchará sus sugerencias para mejorar la calidad de vida en las nuevos pisos.

Esta es la segunda promoción de viviendas que se realiza con terrenos cedidos por el ayuntamiento y la última, de momento. El delegado no descarta un futuro proyecto para el que habría que estudiar la disposición de suelo con el que cuenta el consistorio para venderlo a un precio tasado y que, a su vez, las empresas puedan levantar los pisos "a un precio razonable".