Una sentencia del Tribunal Supremo ordena que se admita una prueba de una denuncia presentada contra el resultado de unas oposiciones para la policía local. Se celebraron en 1997 y entraron 17 agentes.
Las pruebas selectivas fueron denunciadas por dos grupos de policías. En el juzgado ordinario fueron desestimadas, pero el aspirante Miguel Angel Gago recurrió, y la denuncia fue al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que tampoco la aceptó, por lo que recurrió hasta llegar al Tribunal Supremo, que anula y deja sin efecto estas decisiones, "retrotrayendo las actuaciones del citado recurso administrativo al momento anterior a la admisión de la prueba".
Ante esta sentencia, la concejala del grupo socialista, Estrella Gordillo, criticó el silencio que mantiene el equipo de gobierno sobre este asunto y exigió responsabilidades políticas, y saber "qué tipo de irregularidades se cometieron y cuál va a ser el futuro de estos 17 agentes".
Gordillo indicó que esta era una prueba más del mal funcionamiento de la Concejalía de Personal, "con contratos sin control en la empresa de autobuses o despidos improcedentes, que pagamos con el dinero de todos los emeritenses, de trabajadores de la empresa de autobuses o de una trabajadora social", subrayó.
