"No tiene nada que ver que con la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), pues no ha estado solo el señor Lancho, sino 14 sindicalistas más y a ninguno se le ha abierto expediente". El consejero de Seguridad Ciudadana, Manuel Balastegui, desmintió ayer que la sanción a José Luis Lancho, policía local y delegado de CCOO en el Ayuntamiento de Mérida al que se va a suspender de empleo y sueldo durante 45 días, esté relacionada con el proceso colectivo de despidos del último mes (que acabó sin acuerdo y al que la administración ha renunciado), como planteó el sindicato.

Balastegui explica en una nota en la que explica que el expediente responde "a una sucesión de desobediencias de las órdenes recibidas de la delegada de Personal, el delegado de Tráfico y el superintendente de la Policía Local", y no a "una insubordinación (por fichar su turno de trabajo en la jefatura)", como manifestaba CCOO en otro comunicado, en el que citaba este motivo para la sanción, pero destacaba que esta se producía un día después de la retirada del ERE y tras los "continuos ataques y acusaciones" del Gobierno local a los negociadores del sindicato.

Lancho había denunciado previamente al consistorio por vulneración de sus derechos, al ser destinado a una oficina sin los recursos necesarios para su trabajo y sin ni siquiera uniforme. El delegado de Seguridad afirma que tiene todos los medios precisos, incluido el traje especial, y que sus funciones pasan por regular el tráfico en la Zona Sur, pero que no las está desarrollando. "El ayuntamiento nunca va a ir contra los derechos de sus trabajadores ni contra una organización como CCOO; la administración ha abierto un expediente a un funcionario que no cumple con su cometido".

La portavoz del PSOE, Estrella Gordillo, manifestó ayer su "indignación, desacuerdo total y absoluta repulsa" a la sanción a Lancho, que considera que "retrata" la política municipal " coercitiva, abusiva e intolerable para todos los empleados municipales". IU, por su parte, tilda de "linchamiento público" una sanción que, desde su punto de vista, "obedece a una burda venganza por parte del equipo de gobierno contra el papel desempeñado por las fuerzas sindicales durante la tramitación del ERE, que ha supuesto uno de los episodios más patéticos de la vida política reciente de esta ciudad".

Por otro lado, IU anunció que ha solicitado al consistorio los informes de la empresa contratada para la tramitación del ERE, después de que la renuncia a este procedimiento pongan en entredicho, a su juicio, "la solvencia técnica" de la firma. Por su parte, el consistorio respondió al PSOE, que criticó que se hubieran gastado 21.000 euros en la contratación de ese servicio, señalando que los socialistas podrían haber creado empleo "con los 600.000 euros que gastaron en Extremúsika ".