Comisiones Obreras, que con su denuncia ante la Agencia de Protección de Datos provocó el inicio de la investigación, avanzó ayer que está estudiando recurrir la resolución de la APD "por entender que concurren circunstancias para que la sanción fuera mayor". Además, el sindicato señaló que no descarta acudir a los juzgados --tanto por la vía civil como por la penal-- "para que los responsables de esta sinrazón respondan de los continuos atropellos a los ciudadanos y trabajadores".
En cualquier caso, apela a la "voluntad de diálogo" del nuevo equipo de gobierno local --el PSOE ganó en los últimos comicios tras 12 años de gobierno del PP-- para que "se busque una solución satisfactoria para todos". Una solución, avisa el sindicato, que "necesariamente ha de pasar por la retirada inmediata de las cámaras instaladas en los autobuses".
A la hora de valorar la resolución de Protección de Datos, CCOO recuerda que ya en su momento solicitó a la empresa que retirase las cámaras, a lo que se negó el gerente de la misma, Prudencio González, a quien considera "directamente responsable de tal instalación y de la condena". Por eso, exigen su dimisión inmediata.
