Un documento de 24 folios elaborado por técnicos del Ayuntamiento de Mérida recoge todos los errores detectados en la ponencia de valores catastrales elaborada en el 2009, el denominado 'catastrazo'. Este informe será remitido a la gerencia provincial y a la dirección general del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. El objetivo es solventar, por un lado, las deficiencias que afectan a la recaudación municipal, puesto que el valor catastral se utiliza para calcular la cuota de varios impuestos, especialmente el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de las plusvalías, y que según el portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Molina, asciende a una cantidad que oscila entre los 9 y los 14 millones de euros que el ayuntamiento habría dejado de ingresar.

Por otro lado, según Molina, se pretende restablecer el principio de igualdad que ha de regular la aplicación de todo impuesto, puesto que entre los errores detectados se han encontrado casos de vecinos que pagan diferentes cantidades, de hasta tres y cuatro veces, por una propiedad similar situada una al lado de la otra.

El informe concluye que se ha trabajado con bases de datos imprecisas, que han provocado errores cartográficos o de numeración y se han asignado de forma errónea los valores catastrales.

De esta forma, se han detectado 683 inmuebles sin valor de suelo, se han encontrado viviendas del Plan 60.000 con más valor que viviendas nuevas de renta libre, y hay empresas que pagan menos ahora que en años anteriores, entre otras incidencias.

La intención del equipo de Gobierno es la elaboración de una nueva ponencia de valores, pero la gerencia provincial del Catastro se niega pues en aplicación de la legislación esto no podría llevarse a cabo hasta el 2015. En caso de que no sea así el ayuntamiento espera que se realice, como defiende el Catastro, una ponencia parcial masiva que subsane cada uno de los errores.

El equipo de gobierno, en principio, no se opondría a esta opción, aunque no descarta, en caso de que la solución planteada por el Catastro no sea satisfactoria, acudir a los tribunales en defensa de los intereses económicos del ayuntamiento. No obstante, Molina reconoce que el proceso será lento, y que en sus previsiones más optimistas no espera una solución antes de un año o un año y medio.