El caso de Otilia Grilo se ha convertido en un ejemplo de las consecuencias negativas que acarrea la ocupación ilegal de una vivienda social y de las ventajas que, por contra, se logran si se acogen a los programa de reinserción de la Junta.

El argumento lo ha dado la sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial, que confirmaba otra del Juzgado de lo Penal número 1, absolviéndola de un delito de usurpación de una vivienda de la Junta por el estado de necesidad en el que se encontraba. El fallo levantó una gran expectación mediática, incluidos canales de televisión nacionales, que querían entrevistarla, al ver en su caso un precedente de que ocupar ilegalmente una vivienda puede ser factible.

Sin embargo, rechazó entrevistas y lo único que ha manifestado es su agradecimiento a la Junta de Extremadura, que finalmente le concedió un piso, "estoy supercontenta", manifestó.

El caso de Otilia Grilo comenzó en abril del 2004, cuando con su tres hijos menores de edad, uno de ellos un bebé, ocupó ilegalmente un piso construido por la Junta en la barriada de San Lázaro.

Esta madre, de origen portugués y que vive en la actualidad con su marido y sus tres hijos de 15, 8 y 4 años en esta barriada en un piso que le concedió recientemente la Agencia Extremeña de la Vivienda, reconoció en la causa que ocupó ilegalmente la vivienda, ya que su situación no era la mejor, al vivir con su marido y sus hijos en una habitación de la casa de su suegra, junto con más personas.

La ocupación fue denunciada por la policía local, que dio origen a un procedimiento penal, y por la Junta, por el que se inició otro procedimiento civil.

DENUNCIA RETIRADA Pero la Junta retiró la denuncia y la sentencia no tendrá ninguna consecuencia, ya que la Agencia Extremeña de la Vivienda resolvió la situación de Otilia Grilo mediante la adjudicación directa de una vivienda social el 28 de marzo.

El motivo fue que Grilo se acogió al Programa de Renovación y Rehabilitación de Barrios que se está desarrollando en Mérida para recuperar, y posteriormente entregar, viviendas que han sido ocupadas ilegalmente. Así, entregó voluntariamente las llaves de la vivienda en la que había estado de manera ilegal, que a su vez fue concedida a otra familia a la que se el adjudicó en el último sorteo.

Durante este tiempo, Otilia Grilo permaneció en la vivienda ocupada, sin que la Junta la haya desahuciado.