El gobierno local no descarta remitir a la Fiscalía la auditoría realizada sobre gestión administrativa y contrataciones en la última legislatura del PP, ya que "hay hechos de apariencia delictiva en el manejo del dinero público", según pusieron de manifiesto ayer la delegada de Hacienda, Mercedes Moyano, y el secretario general del PSOE de Mérida, Ignacio Sánchez Amor, que instó al ejecutivo que dirige el alcalde Angel Calle a hacerlo. Sí la ha remitido al Tribunal de Cuentas, ya que la auditoría realizada por el empresa ATD señala que "existen en la gestión pública diez hechos susceptibles de ser probablemente considerados indicios de responsabilidad contable", en relación a expedientes administrativos y adjudicaciones. El actual ejecutivo consultará con el PSOE local si finalmente acude o no a la Fiscalía para que aclare el destino de casi 8 millones de euros que dejó de percibir el consistorio entre mayo del 2003 y mayo del 2007 por pagos injustificados o por merma de ingresos por malas operaciones, achacables sobre todo a la Empresa Municipal de Transportes Urbanos y a Urbanismo.
La auditoría denuncia además que han desaparecido muchos documentos que deberían estar en el ayuntamiento y sobre todo en la Gerencia de Urbanismo y que no se han encontrado. Se dan casos, incluso, en los que aparecen "ofertas de empresa que ni siquiera se han abierto" o correcciones de anuncios tras finalizar el plazo de presentación, dijo Sánchez Amor en declaraciones recogidas por Efe. Pese a todo, el actual alcalde apela a la presunción de inocencia.
