El concejal y portavoz de IU de Mérida afirma hoy que la imposición de multas a dos miembros del Campamento Dignidad de la ciudad, Manuel Cañada y María Luisa Prudencio, le produce "vergüenza ajena", una sanción que el Ayuntamiento de Mérida ha interpuesto también contra él.
La coalición se ha referido así al expediente sancionador del ayuntamiento a los miembros del Campamento Manuel Cañada, excoordinador de IU, María Luisa Prudencio y al concejal de IU Álvaro Vázquez por realizar actividades publicitarias sin tener la correspondiente licencia municipal para ello.
Vázquez señala que la apertura de expedientes supone un ejemplo "patético" de la "incompetencia política y administrativa" del equipo de gobierno del consistorio de la capital autonómica.
A su juicio, la actuación de la Delegación de Seguridad Ciudadana viene determinada por el ánimo de "perseguir" a los miembros de la acampada "más allá de cualquier consideración" legal o administrativa.
Así, explica que la infracción atribuida en el expediente administrativo por ocupación de la vía pública se ha transformado en una propuesta de sanción por poner publicidad en espacios públicos sin autorización "sin que medie" ninguna circunstancia de hecho o de derecho que lo justifique.
Para Vázquez, resulta "sintomático" que la infracción se haya notificado una vez que el campamento se haya levantado, lo que supone que "o bien los servicios jurídicos de la delegación son unos incompetentes" o que existe una "intencionalidad política" a la hora de determinar el momento de la notificación.
"Esta circunstancia se explica por la imposibilidad de sancionar a los miembros de la acampada y a mí mismo por la ocupación de vía pública", subraya Vázquez, al tiempo que añade que el campamento urbano es considerado por la jurisprudencia una modalidad de ejercicio del derecho de manifestación.
El concejal de IU asevera que la actuación de la Delegación de Seguridad, además de constituir un "ejemplo patético de persecución", es constitutiva de un "defecto de nulidad".
Vázquez manifiesta que la "incompetencia" con la que se ha tramitado el procedimiento encuentra su manifestación "más evidente" en el hecho de que los servicios municipales consideraran publicar la notificación de infracción en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz ante la "imposibilidad" de localizar a los afectados.
Así, destaca que esta situación pone en "entredicho" la solvencia profesional de los instructores ya que él mismo es concejal del ayuntamiento que tramita el procedimiento sancionador.
