Luz verde del pleno a la proposición suscrita por el grupo municipal popular para instar al Gobierno local a que anule los procedimientos puestos en marcha para la construcción de nuevos quioscos en la plaza de España. Con los 14 votos a favor de los grupos de la oposición y de los dos concejales no adscritos, frente a los 13 en contra del grupo municipal socialista, sale adelante esta propuesta plenaria aunque la decisión final recae en el Equipo de Gobierno, ya que podría aprobar de manera unilateral el seguir adelante con los trámites.

La portavoz popular, Raquel Bravo, destacó en su intervención que la obra de reforma planteada para los quioscos es «completamente innecesaria» y solicita que el proyecto se haga de forma consensuada para buscar la fórmula más adecuada. «No queremos una excavadora que destruya parte de la historia de la ciudad», subrayó Bravo, quien considera que la remodelación debe tener en cuenta la estética del entorno urbano. La edil reconoce que su grupo está a favor de que se regularicen las concesiones administrativas de los quioscos, cuya explotación se concedió en 1987 para un periodo de 15 años y desde 2002 se encuentran en una situación irregular. Por contra, Bravo rechaza que el Gobierno local base la reforma en que estos establecimientos no cumplen con la normativa de accesibilidad, ya que asegura que el proyecto que ha ganado el concurso de ideas «no contempla ni un ascensor para bajar al almacén y tiene una escalera».

El delegado de Urbanismo, Rafael España, manifestó que los grupos municipales han querido «politizar» este asunto y resaltó que el diseño elegido se integra con el entorno de la plaza, según los informes técnicos que han valorado los proyectos presentados al concurso de ideas. En esta línea, subrayó que la regularización de las concesiones es un hecho «objetivo» y matizó que es «falso» que el Gobierno local no recibiera a los hosteleros actuales de los quioscos, en alusión a la concejal no adscrita, María Antonia Sanmartín, quien aseguró que no hubo ningún contacto.

Los grupos municipales de Izquierda Unida y Mérida Participa también coincidieron en la necesidad de reformar los quioscos para adecuarlos a las necesidades actuales, sin embargo, mostraron su desacuerdo con el procedimiento acordado. El portavoz de IU, Álvaro Vázquez, considera que la cuantía que debería asumir el adjudicatario para acometer la obra, que supera los 700.000 euros, conlleva que se «limite el derecho de libre concurrencia» y que suban los precios «para compensar los gastos de explotación». Desde Mérida Participa, el edil Fernando González Rendo propone que se busquen «otras solucionares para dar una solución conjunta». Por su parte, el edil no asdcrito, Juan Luis Lara, planteó una consulta popular.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, puntualizó para cerrar el debate que «no hay más interés político que regularizar una situación que solo reporta 5.000 euros al año y con la licitación vamos a generar más ingresos».